“Tengo 60 años y le he trabajado casi 23 años a Chiquita. Cuando me despidieron me faltaban menos de dos años para jubilarme.
Hay muchos compañeros que tienen más de 50 años. Estamos todos muy preocupados porque a esta edad es muy difícil encontrar trabajo ¿Qué vamos a hacer si no podemos jubilarnos?”.
Alberto no esperaba este desenlace.
“Terminé mi turno el sábado 2 de marzo. Acatando las orientaciones del sindicato, el lunes fuimos todos al trabajo y encontramos los portones cerrados con candados.
No pudimos entrar ni a sacar las pertenencias que tenemos en los lockers (casilleros). Hasta la fecha no hemos podido recuperar lo que es nuestro.
Psicológicamente fue algo muy fuerte. Mi pensión está en riesgo y no hay día en que no me pregunte qué va a pasar conmigo y con las personas que en este momento dependen de mí”.
Alberto recordó que Chiquita tiene un código de conducta empresarial con una serie de principios que la compañía se compromete a respetar.
“Yo me sentía bien trabajando en Chiquita, pero cuando suceden cosas como esta, uno se da cuenta que todo fue una mentira.
Nos engañó y ahora estamos a la deriva, sin saber qué hacer”.
Para el experto trabajador, las cosas comenzaron a deteriorarse tras la adquisición de Chiquita por parte del grupo empresarial brasileño Cutrale-Safra.
“Desde que entraron los brasileños se acabó el trabajo de capacitación y formación del personal. Se dejó de invertir en la profesionalización del personal y nos convertimos en simples piezas de un engranaje.
Chiquita ha violentado nuestros derechos, nos cerró la puerta y nos trató peor que a un animal.
El gobierno tiene que actuar contra una empresa que ha quebrantado leyes y convenios internacionales.
Afortunadamente tenemos al Sintracobal y a la UITA que están con nosotros.
Aquí la lucha continúa y no vamos a desfallecer. Estamos en pie de lucha”.