La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pide 150 años de cárcel para el excoronel y ex viceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, entregado en 2017 a España por Estados Unidos, por participar «activamente en la decisión y el diseño» del asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989.
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El excoronel, reclamado desde 2011, será el primer militar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por el asesinato de esos cinco jesuitas, entre ellos el español Ignacio Ellacuría, entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación.
En el documento de la Fiscalía, al que tuvo acceso Efe, también se acusa a René Yusshy Mendoza Vallecillos, quien fue teniente del ejército de El Salvador y miembro del batallón Atlácatl, como ejecutor de los asesinatos.
Para este acusado la Fiscalía solo pide una pena de un año por cada uno de los cinco asesinatos, al aplicarle atenuantes por confesión y por haberse ofrecido a reparar el daño.
Ambos, según el Ministerio Fiscal, «participaron en la decisión, diseño o ejecución» del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, así como de los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la Universidad Julia Elba y su hija menor, Celina Mariceth Ramos.
«Los procesados, junto con terceras personas no investigadas en el presente procedimiento, constituyeron dentro del Estado de El Salvador, una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población a través de ejecuciones de civiles, desapariciones forzadas…», destaca la Fiscalía.
Según su relato, el año 1989, cuando se produjo el crimen, «fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador” al alterar los resultados de las elecciones «de forma irrevocable el panorama político del país».
Competían por el poder el Partido Republicano Nacional Arena (derecha) y el Partido Demócrata Cristiano (centroderecha), mientras el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) había pasado de ser un pequeño grupo de guerrillas apenas armadas a uno de los movimientos rebeldes de izquierdas.
Con el telón de fondo del ascenso de la «Tandona», una asociación de 20 oficiales que ocupaban todas las posiciones claves del ejército y gobierno salvadoreños, según la Fiscalía.
En esta situación, «los jesuitas, especialmente Ignacio Ellacuría, habían asumido el liderazgo» para negociar una salida dialogada al conflicto armado.
Según la Fiscalía, «era el único intermediario que hablaba con todas las partes y actuaba de puente entre el presidente (Alfredo) Cristiani y los rebeldes», lo que lo convirtió en «objetivo de los militantes de la extrema derecha», que culpaban a la Iglesia de formar parte «de una conspiración comunista internacional».
En este contexto, el 15 de noviembre, «el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona, decidieron proceder con las ejecuciones de los jesuitas», según la Fiscalía.
La Audiencia Nacional procesó a una veintena de exmilitares, pero las autoridades salvadoreñas ignoraron las órdenes de extradición, por lo que Montano es el único que está a disposición de la Justicia española.
El ya septuagenario militar retirado, que compareció ante el juez español en silla de ruedas, permaneció dos años detenido en Estados Unidos, hasta su entrega el 29 de noviembre de 2017 y desde entonces está en prisión en España, a la espera de juicio.
