El 11 de abril, con 258 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones, quedó aprobada por la Cámara de Diputados una reforma que modifica la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, del INFONAVIT y del Seguro Social, en concordancia con la reforma constitucional de febrero de 2017.
Ahora viene su discusión y votación en el Senado antes del fin del período de sesiones el 30 de abril.
El texto podría quedar aprobado para el 1 de mayo.
Hace un año justo, en abril de 2018, las diferentes organizaciones sindicales mexicanas lanzaron un alerta sobre la pretendida reforma a las leyes secundarias que el anterior gobierno quería aprobar para restarle fuerza a los avances en materia de libertad y democracia sindicales.
Pero toda la correlación política cambió en México el 1 de julio de 2018, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador y de su partido, Morena, que logró una mayoría calificada en el Congreso y en el Senado. Finalmente, habría llegado el momento de la reforma laboral.
En los meses posteriores, el Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, una coalición de más de 50 sindicatos y asociaciones sociales, civiles, académicas, logró articular propuestas de cara a una reforma progresista.
Morena las hizo suyas.
La reforma aprobada por los diputados termina con la posibilidad de que los sindicatos pro patronales firmen Contratos Colectivos de Protección Patronal, un mal muy difundido en México y cuya denuncia había llegado hasta foros internacionales como la OIT, convirtiéndose también en un verdadero pelo en la sopa en toda negociación económica y comercial emprendida por el país.
En adelante, para firmar contratos colectivos, los sindicatos deberán demostrar afiliación y representatividad en el Centro de Trabajo, que será la unidad de negociación.
También queda claramente regulado el voto libre personal, directo y secreto para la elección de dirigencias sindicales, aprobación de negociaciones contractuales, huelgas y otros espacios de vida sindical.
Se acabará así con la práctica de que sindicatos fantasmas negociaran a espaldas de los trabajadores contratos que incluso lesionaban los derechos laborales.
Se establece igualmente la obligación de que en los estatutos de los sindicatos se señale que la integración de la directiva se conforme proporcionalmente en razón de género.
Esta norma transformará radicalmente las dirigencias sindicales, que en adelante tendrán que conformarse proporcionalmente a la fuerza de trabajo que van a representar.
Por poner un ejemplo, si el 80 por ciento del personal de una empresa está constituido por mujeres, ocho de cada diez dirigentes sindicales de esa firma deberán ser mujeres.
Se trata de “adelantos grandiosos, una maravilla”, comentó al respecto la jurista y especialista en temas de género Alma Clarisa Rico, integrante del Observatorio Ciudadano por la Reforma Laboral.
No han faltado las dudas y las inconformidades.
El Partido del Trabajo y varias organizaciones y voces representativas en materia laboral apoyaron la globalidad del texto pero criticaron algunos de sus puntos.
Destacaron, por ejemplo, la ausencia de referencias al fenómeno de “outsourcing” o tercerización, otro mal sumamente extendido en México.
Durante los debates en el Congreso, los diputados se comprometieron a abordar este tema a partir de septiembre, en lo que sería una segunda generación de reformas laborales.
Por otra parte, la reforma va a cambiar el sistema institucional procesal laboral: creará un Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, en remplazo de las actuales Juntas de Conciliación, y trasladará los temas de justicia laboral desde el Poder Ejecutivo al Judicial, con la instrumentación de un sistema de tribunales especiales.
Muchos objetan que el nuevo sistema deposita en el trabajador la carga de la prueba en los conflictos laborales, al tiempo que nada se sabe acerca del destino del numeroso personal de las antiguas Juntas de Conciliación.
No hay dudas, de todas maneras, de que por fin se han comenzado a mover las ruedas de los derechos laborales en un país en el que por décadas permanecieron absolutamente estancados.
En México, Gilberto García