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Cuando la impunidad Vale

Con una nueva tragedia en curso, provocada por el colapso de la represa de la empresa minera Vale SA en Brumadinho, Minas Gerais el pasado viernes 25, Brasil vuelve a los titulares por la destrucción causada por los desechos de la minería.

La catástrofe, de grandes proporciones humanas y ambientales, que dejó decenas de muertos y cientos de desaparecidos, destruyó hasta ahora el equivalente a 125 canchas de fútbol.

“En 2015 tuvimos el mayor accidente de la historia de la minería, que destruyó un río entero, mató a personas, afectó al océano. Ninguna multa ambiental fue pagada. Nadie fue arrestado”, dijo al portal DW Brasil Antonio Nobre, científico del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe, por sus siglas en portugués).

Tres años después del quiebre de la represa en Mariana, la minera Samarco, que tiene a Vale SA como una de sus accionistas, aún no ha pagado la multa ambiental impuesta por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama).

La cantidad supera los 350,7 millones de reales, equivalente a más de 96 millones de dólares. La causa, que involucra a ejecutivos de Samarco, Vale y BHP Billiton, todavía no tiene fecha prevista de juicio.

En el caso de la represa de Brumadinho fueron detenidos dos ingenieros tercerizados y tres trabajadores de la empresa Vale SA.

La naturaleza desenmascara

Poco antes de la tragedia en Brumadinho, el presidente Jair Bolsonaro, en su primera aparición internacional, dijo en el Foro Económico Mundial en Davos: “Brasil es el país que más preserva el medio ambiente”.

Esta afirmación fue cuestionada por el Observatorio del Clima.

“Incluso ante una tragedia como esta de Brumadinho, la gente todavía ve al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, discutiendo la flexibilización del licenciamiento ambiental, la facilitación del acceso a las licencias”, criticó Carlos Rittl, integrante del Observatorio.

De los cerca de 3.000 millones de reales (más de 800 millones de dólares) en multas anuales resueltas por el Ibama por crímenes ambientales, apenas cerca del 5 por ciento del valor es pagado.

La multa de 10.000 reales (2.740 dólares) impuesta a Bolsonaro en 2012 por pesca ilegal en área protegida fue anulada tras las elecciones presidenciales.

El Observatorio del Clima acumula cerca de 100.000 procesos de autos de infracción.

Para Antonio Nobre, la preocupación ambiental de un país se muestra también en el rigor con que los que causan destrucción son castigados.

“Si en Mariana el presidente de Samarco hubiera sido arrestado y la empresa hubiera pagados las multas que le impusieron las cosas serían diferentes”, evaluó.

“En lugar de asumir una responsabilidad ambiental, parece ser más barato para las empresas corromper el sistema. Y quien asume el costo de la tragedia es la sociedad brasileña: con las muertes, la destrucción permanente de ríos, con pérdidas incalculables”, concluyó.


Con información del portal DW Brasil