El 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos, acompañados por pobladores, estudiantes, obreros y cristianos, ocupó pacíficamente la Embajada de España, como un último recurso para hacerse escuchar y demandar el fin de la represión en sus comunidades.
La respuesta estatal fue asaltar la Embajada y quemar vivos a sus ocupantes, entre ellos el cónsul español y dos funcionarios diplomáticos.
El hecho ocurrió durante el régimen del general Fernando Romeo Lucas García, quien fue señalado en la masacre. También fueron acusados Donaldo Álvarez Ruiz, quien a la fecha se encuentra prófugo; Germán Chupina Barahona, ex director de la extinta Policía Nacional, ya fallecido, el general Óscar Humberto Mejía Victores y Pedro García Arredondo, jefe del comando seis de la Policía.
De los anteriormente mencionados, únicamente García Arredondo, quien fue encontrado culpable de la muerte del estudiante Edgar Sáenz Calito en 2011, fue procesado por la masacre.