El Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) denunció este miércoles en Tegucigalpa las múltiples transgresiones de las que son objeto sus agremiados por parte del grupo empresarial Sur Agro, subsidiaria del grupo irlandés Fyffes y en el que laboran bajo el esquema temporal más de 8.000 hombres y mujeres.
La denuncia del STAS se presentó en compañía de las centrales obreras y con el acompañamiento del Foro Internacional de los Derechos Laborales, con sede en los Estados Unidos, representado por Gabriela Rosazza, quien manifestó que la compañía, ha pagado millones de dólares en abogados para influenciar al Ministerio del Trabajo para atropellar los derechos de los trabajadores.
El presidente del STAS, Tomás Membreño, recordó que en enero de 2016 la secretaría de Trabajo practicó una inspección en la empresa y constató que había una serie de violaciones hacia los trabajadores, que partía de la prohibición a sindicalizarse y por lo cual eran víctimas de amenazas, acoso verbal y despidos ilegales.
La inspección de la secretaría de Trabajo fue contrarrestada por la empresa que presentó un recurso de amparo para anular la inspección laboral. Y Para congraciarse con los empresarios, en octubre pasado la Secretaría del Trabajo aceptó dejar sin valor y efecto la inspección, y además aprobó una resolución mediante la cual prohíbe a los trabajadores que formen sindicatos, arguyendo que los empleados temporales no tienen derecho a la sindicalización ni a derechos económicos adquiridos.
La decisión gubernamental fue objeto de condena por los trabajadores que consideran la medida como un crimen y la ampliación de la impunidad laboral y de la línea de pobreza.
Los obreros culpan directamente al secretario de Trabajo, Carlos Madero y señalan que la resolución atenta contra la legislación laboral nacional, la Constitución de la República y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva.
También se solidarizaron con la caravana de migrantes que partió de Honduras rumbo a los Estados Unidos el pasado 13 de octubre, al considerar que la mayoría de los integrantes del éxodo humano son trabajadores de la agroindustria.
En el proceso de conformar el sindicato, contaron que el secretario general fue víctima de un atentado físico e incluso fue amenazado a muerte por la gente que le propinó una paliza y que le advirtió que el ataque se originaba porque era el líder de la organización.
Otras de las violaciones de las que son objeto los trabajadores, son los pagos de salarios inferiores al salario mínimo fijado por el gobierno y el no pago de derechos adquiridos, como décimo cuatro mes, aguinaldo y vacaciones, pese a que trabajan entre 10 y 14 horas diarias.
Los trabajadores dijeron durante la exposición de la denuncia que es casi seguro que los empresarios de las meloneras están coludidos con el gobierno, a través de la Secretaría del Trabajado.
Para contrarrestar las violaciones a los trabajadores, la representante del Foro Internacional de los Derechos Laborales, con sede en los Estados Unidos, dijo que actualmente hay una campaña internacional que se ha encargado de enviar cartas a las empresas y supermercados donde la empresa Fyffes vende los melones.
Gabriela Rosazza apuntó que la empresa es una de las que cuenta con mayores quejas ante el Tratado de Libre Comercio entre Honduras y los Estados Unidos. Asimismo, ha sido objeto de una denuncia ante la OIT y ha sido suspendida de la Iniciativa de Trato Ético en el Reino Unido y por la certificadora Comercio Justo, de los Estados Unidos.
La defensora de los trabajadores acusó a la empresa de pretender blanquear sus violaciones al asumir actividades de responsabilidad social, orientados a proyectos pilotos para mujeres en Choluteca, con los que quiere engañar al mundo diciendo que su capital deja muchos beneficios en Honduras.
Tomado de Criterio.hn