Sabemos que en los últimos años el Ministerio de Trabajo viene sufriendo injerencia política a la hora de nombrar sus cargos, lo que llegó al colmo del ridículo cuando se barajó el nombre, el año pasado, como posible ministra de una mujer acusada en diversas demandas laborales.
A esto hay que sumarle el hecho de que la cartera sigue siendo brutalmente vilipendiada.
A menudo la falta de recursos obliga a que los auditores deban pagar de su propio bolsillo el transporte para realizar sus tareas de inspección.
Nada de esto justifica el fin del ministerio, o la reducción de su estatus fusionándolo con otra cartera, ni tampoco el desmantelamiento de sus actuaciones
Al contrario, el Ministerio de Trabajo en lugar de ser comandado por indicación política, debería serlo por criterios técnicos.
Urge la contratación de inspectores de trabajo por medio de concursos con el fin de ampliar la acción del organismo. Es imperioso, asimismo, corregir las carencias materiales que sufre.
El papel del Ministerio como fiscalizador de las irregularidades laborales es la concreción de la obligación del Estado de proteger los derechos de los trabajadores.
Sin este respaldo, asistiremos a todo tipo de barbaries en empresas y en plantaciones a lo largo del país. Como consecuencia, aumentará de forma incalculable el número de juicios laborales.
Es responsabilidad del Ministerio de Trabajo velar por la eliminación de dos problemas gravísimos: el trabajo esclavo y el trabajo infantil.
En el caso del primero, sabemos que los números no solo no se están reduciendo sino que tienden a aumentar. Con este nuevo panorama, su combate será muchísimo más complicado.
El Ministerio de Trabajo también es el responsable de fiscalizar la contratación de menores aprendices y de trabajadores discapacitados.
Y este es un tema que siempre merecerá la atención de la sociedad, ante la obvia resistencia de segmentos de la clase empresarial a respetar las condiciones de contratación de estos colectivos.
En todos estos casos, la acción de un organismo especializado con estatus de Ministerio es insuficiente.
También es necesario que los auditores participen en los debates, tanto en el Congreso Nacional como en las cámaras sectoriales y otras instancias, bregando por el buen funcionamiento de los programas y el respeto a la legislación.
Esto también está amenazado con la supresión de la cartera de Trabajo.
La eliminación del Ministerio puede perjudicar el comercio internacional de Brasil, en especial en los segmentos de jugos y carnes, donde las empresas importadoras y organismos internacionales exigen buenas relaciones laborales y rigor en su fiscalización.
La ausencia del Ministerio reduce el estatus de Brasil como competidor, y puede generar sanciones.
Finalmente, esperamos que el presidente electo revise esa decisión tras realizar un análisis más profundo de sus efectos.
Esperamos igualmente que los trabajadores y las trabajadoras, así como el organismo creado justamente para protegerlos de los excesos del capital, sean merecedores de su sensibilidad.
Todavía hay tiempo para un examen de conciencia y un encuentro con el pleno ejercicio de la ciudadanía.
Brasilia, 8 de noviembre de 2018
Artur Bueno Júnior
presidente Interino de la CNTA
(Los intertítulos son de La Rel)