Hace unos meses y en virtud de esta medida la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) escribía: “La simplificación de trámites que pretende el gobierno de Honduras con relación al otorgamiento de las licencias ambientales reducirá el lapso para expedir una licencia que actualmente se supone es de dos años, a un proceso en línea que tardaría supuestamente 24 horas, a través de una plataforma que tomará 25 segundos para determinar el impacto ambiental de un proyecto.
Los decretos de energía limpia, convirtieron los ríos en patrimonio de familias insertadas dentro del régimen del poder, lo que ha generado como resultado asesinatos y conflictos sociales que tienden a recrudecerse, al mismo tiempo que las disparidades económicas han aumentado en la última década”.
Desde hace tres meses la comunidad de Guapinol en Tocoa al norte de Honduras resiste los embates de una empresa minera Enco Mining Company (Los Pinares) en su territorio.
Según se expresa en un comunicado de Radio Progreso, hasta ahora el conflicto ha provocado el asesinato de tres personas, 18 líderes comunitarios criminalizados, acusados por los delitos de usurpación y daños y más de 20 desplazados por amenazas a muerte. Dos de las personas asesinadas eran parte del ejército hondureño.
En Honduras las licencias ambientales y las licencias para matar van en el mismo camino.
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