Según el dirigente los datos relevados por la CPT lamentablemente son absolutamente verídicos, “nuestra Federación contribuyó en la tarea de relevo de esos números”, afirmó.
Para él, el aumento de los conflictos agrarios se debe principalmente al aumento de los megaproyectos en la Amazonia que incluyen al estado de Rondonia; como por ejemplo: dos grandes usinas hidroeléctricas, Santo Antonio y Jirau y más recientemente, una ferrovía sobre el Río Madeira.
“Lo que sucede es que las tierras que antes no tenían valor comercial y que fueron ocupadas por agricultores ahora sí lo tienen y en general el valor es muy alto, entonces la forma que las grandes compañías y los grandes latifundistas encontraron para frenar la ocupación de esas tierras públicas por parte de agricultores, fue la amenaza y la muerte de sus líderes”, declaró Menezes.
“Lo más asustador de esta situación –continuó el dirigente- es que el Estado brasileño a través de la fuerza policial no investiga ni pune a los culpables de las amenazas y asesinatos de tantos trabajadores.
La impunidad es otro de los elementos que propaga la violencia en el campo, que lamentablemente no se da solo aquí en Rondonia, sino que se extiende a varios lugares en el país, especialmente aquellos donde el agronegocio crece a un ritmo más acelerado”, señaló.
Consultado acerca de cómo enfrentan esta problemática, el vicepresidente de FETAGRO dijo que “desde la CONTAG a través de las respectivas federaciones, lo que venimos haciendo es proponer al gobierno federal la recuperación de las tierras públicas para que estas sean destinadas a la reforma agraria, pero además estas propuestas siempre han sido acompañadas por la reivindicación por parte del movimiento sindical de la agilización en los procesos de redistribución de tierras. Porque existen casos que están en la órbita judicial desde hace 10 años y aún no hay sentencia”, explica.
Menezes manifestó también que desde el movimiento sindical se insiste en la creación de un Programa de Protección a los líderes sindicales víctimas de amenazas, que sea realmente serio.
“Acá en Brasil si un terrateniente sufre algún tipo de atentado, inmediatamente la Policía Federal dispone custodia a la persona en cuestión, pero cuando se trata de un trabajador, pueden pasar hasta dos años para que logremos eso, muchas veces se llega tarde porque nuestros compañeros son asesinados antes”, lamentó.
Menezes está convencido que para frenar este rebrote de violencia habría que transformar los crímenes agrarios en crímenes de interés federal y que los culpables sean enjuiciados por el Consejo Superior de Justicia (CSJ).
“Si la Policía Federal se ocupara de estas investigaciones sería otra la situación -dijo- puesto que las policías locales no enfrentan al latifundio, porque el latifundista es el alcalde, es el diputado, es el presidente de la asociación rural; entonces en este contexto no es posible impartir justicia, porque todo es muy sesgado. La autoridad es el latifundista”.
Los trabajadores rurales que son víctimas de esta violencia viven en una situación de total inseguridad, de daño psicológico permanente que vulnera sus derechos más inherentes, pues los mismos individuos que les toman declaración sobre las amenazas que reciben en las comisarías locales, son los custodios personales de los grandes terratenientes.
“Solamente con un cambio profundo en el tratamiento de este tipo de crímenes que termine con la impunidad imperante y con un compromiso real por parte del gobierno federal en relación a la distribución de las tierras públicas, seremos capaces de erradicar los conflictos agrarios y la violencia que de ellos emerge”, sentenció el dirigente.
Por otra parte, Menezes considera que el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otras organizaciones internaciones es fundamental para presionar al gobierno brasileño a que se implementen estos cambios lo antes posible.
“El ejemplo más claro y reciente es el del compañero Udo Wahlbrink, presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Vilhena.
Cuando la Rel-UITA difundió a nivel mundial la denuncia realizada por FETAGRO sobre la situación que estaba viviendo este dirigente, el impacto fue muy grande -recordó Menezes– incluso en los ámbitos judiciales locales y esa acción logró que Udo fuera liberado.
Por lo tanto es muy importante que además de dar continuidad a las denuncias y propuestas, paralelamente continuemos movilizados y utilicemos todas las herramientas que estén a nuestro alcance para terminar de una vez por todas con los crímenes agrarios que son crímenes de lesa humanidad”, finalizó.
Foto: Gerardo Iglesias