Desconocemos de manera rotunda las actuaciones de la sala primera del tribunal de sentencia, que pretende excluir a las víctimas y sus representantes legales del primer juicio por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro.
Denunciamos que el tribunal compuesto por Esther Carolina Flores, Anaim Orellana, Delia Villatoro y Jocelyn Donaire está desarrollando una farsa.
Todas sus actuaciones son ilegales mientras se encuentren recusados, y deben ser anuladas.
El juicio debe ser reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde.
Declaramos que no vamos a participar de la farsa en la que se ha convertido este proceso judicial y reivindicamos nuestra determinación de agotar todas las instancias y herramientas para que se garantice la participación efectiva y un juicio justo.
Las víctimas, junto a nuestros representantes legales, hemos develado una férrea confabulación de todos los actores del sistema de justicia para evitar que se conozca la verdad en el crimen de Berta Cáceres y que se lleve a la justicia a los autores intelectuales de su asesinato, quienes no están en este juicio.
Hemos develado la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales, la falta de protección de los derechos de las víctimas e incluso de los acusados. Por eso pretenden excluirnos.
Como represalias pretenden evitar la participación en el juicio de la madre, hijas, hijo y hermanos de vida y lucha de Berta Cáceres y también la participación de Gustavo Castro.
Las pruebas demuestran la participación en el crimen de los empleados de la empresa DESA Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como de los militares Mariano Díaz y Henrry Hernández junto a un grupo de sicarios, pero el juicio contra ellos busca ocultar la verdad sobre quiénes pagaron y ordenaron realmente el asesinato.
Se equivocan el Tribunal de Sentencia presidido por Esther Carolina Flores y las autoridades de la Corte Suprema de Justicia si piensan que pueden callarnos o inmovilizarnos en nuestra búsqueda de justicia.
No descansaremos hasta que estén castigados todos los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro.
La comunidad internacional no debe avalar este atropello a la justicia. El Estado de Honduras tendrá que responder internacionalmente por sus faltas.
La sed de justicia es muy grande, sus resoluciones ilegales no la pararán.
Fotos: Copinh