Que haya grandes extensiones de tierras en manos de unos pocos propietarios no es nuevo para Uruguay.
El fenómeno se remonta a la época colonial. Pero a aquellos terratenientes —cuyo ganado y otros bienes son difíciles de cuantificar— se les suman grupos económicos extranjeros que compran y privatizan la tierra.
El Censo Agropecuario de 2011 señala que las empresas dueñas de más de mil hectáreas eran menos del 10 por ciento del total pero tenían más del 60 por ciento de la tierra agropecuaria. Son los “nuevos agricultores”.
El investigador Gabriel Oyhantçabal, máster en Ciencias Agrarias, recordó a Noticias Aliadas que “las estructuras agrarias en Uruguay siempre han estado altamente concentradas, al ser este un país ganadero que basa su producción en la explotación extensiva de la tierra en grandes estancias”.
Pero el estudio “¿Acaparamiento de tierras en Uruguay?”, publicado en 2014 por la Facultad de Economía de la Universidad de la República, reveló que “entre los accionistas de algunos de los principales dueños de tierras en Uruguay hay fondos de inversión cuyos propietarios son estados extranjeros, como Suecia, Finlandia y Singapur”.
“Encontramos que solo 40 grandes capitales agrarios acumulaban casi el 12 por ciento de la tierra agropecuaria en 2015 (1,9 millones de hectáreas)”, dijo Oyhantçabal, uno de los autores del estudio.
“Las grandes inversiones en tierras se han dado en rubros como la ganadería, con la empresa Union Agriculture Group —empresa diversificada fundada en Uruguay que canaliza fondos de pensión e inversión con sede en Estados Undios, Canadá y Francia—, que compró casi 200.000 hectáreas en solo cinco años.
También en la lechería, con la empresa New Zealand Farming Systems que luego fue adquirida por el fondo de inversión OLAM de Singapur o el mega tambo que construyó en el centro del país una de las familias más ricas de Argentina, los Bulgheroni, añadió Oyhantçabal.
El acaparamiento de tierras se produjo intensamente en la forestación del centro-norte del país, con capitales suecos, finlandeses y estadounidenses (Montes del Plata, UPM, Global Forest Partners y Weyerhaeuser) y la agricultura, en particular la soja (Agronegocios del Plata, capitalizada por Los Grobo de Argentina) en el litoral-oeste.
“Rubros que se expandieron desde 1990 vinculados a capitales extranjeros, pero que llegan y se van muy rápido del país, como el caso de la empresa argentina El Tejar, que llegó a controlar 150.000 Ha en 2008 y en 2014 se retiró para invertir en Brasil”.
Según la publicación Veinte años de cultivos transgénicos en Uruguay, de la organización ambientalista REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, que cita cifras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el precio promedio de los arrendamientos de tierras en 2015 era de 124 dólares por hectárea, más de cinco veces más que en 2002, cuando era de 24.
En cuanto a las operaciones de compraventa, en 2015 el precio promedio por hectárea era de 3.584 dólares, mientras que en 2000 las estadísticas registran un precio promedio de 448.
“Muchos productores que invirtieron acá, que tenían negocios agropecuarios, se han ido a comprar tierras a Paraguay. Es como un efecto dominó”, dijo Pablo Galeano, integrante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, a Noticias Aliadas.
Es que en ese contexto de “boom” del precio de la tierra en Uruguay, muchos propietarios vendieron y se fueron a invertir a Paraguay, más que nada al Chaco y en tierras ganaderas, donde la hectárea no llegaba a los $500. Matemática simple, ganancias netas.
Según el MGAP, la soja es desde la zafra 2003-04 el principal cultivo agrícola del país y en la zafra 2016/17 se sembraron cerca de 1,1 millones de hectáreas.
Basta una cifra para dimensionar el crecimiento exponencial: en la zafra 2001-02 la superficie sembrada con la oleaginosa alcanzó las 28.990 hectáreas.
“Cualquier proceso de concentración implica que las unidades más pequeñas son desplazadas”, sostuvo Oyhantçabal ante la pregunta sobre los impactos en las comunidades.
Los datos del Censo Agropecuario de 2011 generaron sorpresa y una amplia preocupación: el 91 por ciento de las 12.241 explotaciones que desaparecieron en el periodo 2000-11 tenían menos de 100 hectáreas de superficie. Esto es, la producción familiar en jaque.
En tanto, casi el 100 por ciento de la soja producida en Uruguay es transgénica.
En octubre de 1996, el país se ubicó entre los primeros en aprobar la liberación al ambiente de un cultivo transgénico.
Se trató de la soja Roundup Ready de Monsanto, que presentaba la novedad de ser tolerante a un herbicida desarrollado por la misma empresa, el glifosato.
Veinte años después hay liberados cinco tipos de cultivo transgénicos de soja y 10 de maíz en Uruguay.
A diferencia de otras zonas de Sudamérica, para Oyhantçabal la desaparición de productores familiares en Uruguay “no se dio por la fuerza, o de modo violento, sino mediante la ‘pura’ competencia capitalista por tierras”.
“Muchos pequeños productores decidieron vender sus campos y aquellos que arrendaban tierras no pudieron competir con los precios que pagaron los grandes capitales, como sucedió con la soja que se expandió en tierras alquiladas”.
En cambio, en Paraguay abundan los casos de acaparamiento “agresivo”, en especial para cultivar soja, que ocupa 3,5 millones de los 3,8 millones de hectáreas de tierra cultivable del país, en el que el 1,6 por ciento de los propietarios se reparte el 80 por ciento de la tierra agrícola y ganadera, según datos de 2014 de la organización británica Oxfam.
En los últimos 10 años, el acaparamiento de tierra y la falta de apoyo estatal han expulsado del campo paraguayo a 585.000 jóvenes, que se han quedado sin un lugar para cultivar y vivir en comunidad.
Un ejemplo: el 15 de junio de 2012 un desalojo policial violento en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, terminó con la vida de 11 campesinos y seis policías, en lo que se conoce como la “masacre de Marina Kue”.
En “Con la soja al cuello 2017. Informe sobre Agronegocios en Paraguay”, publicado por la organización Base-IS, la investigadora Marielle Palau, coordinadora del estudio, indica que la disputa territorial en Paraguay está vigente, entre extensos monocultivos de productos destinados a la exportación y la producción campesina para la producción de alimentos.
Se suma el negocio ganadero de Brasil, con su alto costo ambiental y social.
El informe señala que los impactos del modelo ponen al país “en un camino del que será difícil retornar”, privilegiando el extractivismo antes que la agricultura campesina.
“El avance se da también sobre territorios indígenas, destruyendo sus bosques y sus culturas; también a su paso crea rutas de trata con fines de explotación sexual”, dice Palau.
Además, “el sistema tributario privilegia a quienes se enriquecen a costa de los bienes comunes, y la ciudadanía costea la construcción de infraestructura al servicio de los agronegocios, mientras pasa hambre”.
En Montevideo, Azul Cordo
(Publicado en Noticias Aliadas, 14 de agosto de 2018)