El proyecto conocido como Paquete del veneno o de los agrotóxicos (ver Promotores del veneno.) fue aprobado en comisión el pasado 25 de junio por 18 votos contra 9 y pasó a consideración del plenario de la Cámara de Diputados de Brasil.
Partidos de la oposición, diversas organizaciones sociales, instituciones como el Ministerio Público Federal, el Instituto del Cáncer y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se oponen fuertemente al proyecto debido a que la propuesta de flexibilizar la actual legislación –de por sí bastante deficiente– tendría como resultado, entre otras cosas, un aumento en el uso de los agrotóxicos y la liberación de algunos actualmente prohibidos en el país.
Se trata de un nuevo capítulo de una larga historia cuyo principal protagonista es la llamada Bancada Ruralista.
Encajonada durante 14 años, la propuesta fue resucitada por el actual ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Blairo Maggi, el mayor productor individual de soja del mundo, responsable de cerca del 22 por ciento de la producción del grano del Estado de Mato Grosso del cual fue gobernador.
Senador federal, en 2002 presentó el Proyecto de Ley 6.299/2002, actualmente reflotado. En 2010 fue electo nuevamente senador y en mayo de 2016 asumió como ministro de Agricultura de Michel Temer quien pasó ese año a presidir el país por el impeachment a Dilma Rousseff.
En abril de 2016, en vísperas de la votación que destituyó a Rousseff y llevó a Temer a la presidencia, la Bancada Ruralista, para entonces transformada en el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) junto al Instituto Pensar Agro (IPA) le entregaron al entonces vicepresidente, en una muestra de desfachatez y oportunismo, un documento titulado Pauta Positiva – Bienio 2016/2017. I
Además de reclamar para el sector la titularidad del Ministerio de Agricultura, el documento solicita, entre otras cosas, una normativa que facilite el trabajo esclavo (mal endémico en el medio rural brasileño), la flexibilización de las normas para preservación de la naturaleza y el ambiente, la venta de tierra a extranjeros, el perdón de los intereses de la millonaria deuda de los productores con el Fondo de Asistencia al Trabajador Rural (Fonrural) y la liberalización de los agrotóxicos.
En total eran diecisiete los temas prioritarios para los ruralistas, de los cuales Temer ya los satisfizo en trece.
Un año más tarde, acosado por graves denuncias que justificaban el pedido de destitución que reclamaban algunos parlamentarios y buena parte de la ciudadanía, Temer se vio obligado a negociar su salvación con sus compinches en el Congreso.
Entre otros, recurrió al FPA para evitar que la acusación de corrupción en su contra se trasladara al Supremo Tribunal Federal.
Salvado de la destitución por 263 votos a 227, la mitad de los primeros aportados por el FPA, Temer continuó gobernando el país (con una tasa de aprobación que apenas supera el 3 por ciento) y en deuda con sus salvadores.
Es entonces cuando reaparece el Proyecto del Ley 6.299/2002 o “Paquete del veneno”.
Brasil no cuenta con una tradición democrática, pero en cambio ha mantenido a lo largo de los años la característica de poseer elites con una gran capacidad para atravesar por diferentes gobiernos sin perder nada de su poder ni privilegios. El caso que nos ocupa no es una excepción.
Buscar algún atisbo de democracia en el debate en el Congreso del “Paquete del veneno” es perder el tiempo. De los 37 diputados que integraban la comisión especial que lo aprobó, 20 pertenecen al FPA y para que el debate resultara todavía más “democrático” se eligió como relator del proyecto a un comerciante de agrotóxicos.
Se llama Luiz Nishimori y posee en Marialva (interior del Estado de Paraná), Mariagro Agricultura y Nishimori Agricultura, empresas que comercializan y prestan servicios relacionados a semillas, fertilizantes y agrotóxicos.
Antes de entrar en la política fue productor de soja y dentro de los 2,5 millones de reales en donaciones que Nishimori recibió durante su última campaña electoral se destacan los aportes de la Cooperativa Agropecuaria e Industrial y de la Integrada Cooperativa Industrial, ambas figuran en la lista de comerciantes de agrotóxicos.
Además del 6.299/2002, es relator de otros 15 proyectos de ley, ocho de ellos vinculados a los intereses de los ruralistas, llegando en uno a proponer limitar, en algunas circunstancias, la venta de productos orgánicos.
Para completar, la vicepresidenta de la Comisión, Diputada Tereza Cristina, es a su vez presidenta del FPA.
El Proyecto de Ley pasó al plenario de Diputados donde Brasil ostenta un record mundial: de los 513 diputados que componen el cuerpo, 178 (35 por ciento) responden a acciones penales o investigaciones judiciales y de ellos, 68 (32,8 por ciento), son integrantes del FPA.
Los asuntos relacionados con el trabajo rural o con la distribución de tierras, son dos ejemplos de la casi total ausencia de políticas públicas existente en Brasil.
Y en un escenario donde predomina el latifundismo –dedicado fundamentalmente a la agricultura y la ganadería destinadas a la exportación– no es casual que surjan políticos con interés personal (o al “servicio de”) empeñados en impedir cualquier iniciativa que signifique un avance social o atente contra los intereses del agronegocio.
La historia de la economía brasileña ha sido pautada durante más de cuatro siglos por la ocupación y explotación eminentemente rural, latifundista y monocultora.
Por lo tanto, los intereses de la clase que posee la propiedad de la tierra se sobreponen a los demás intereses, aun después de ocurrida la industrialización de Brasil e incluso en el presente, puesto que el dinero del agronegocio se expandió a otros sectores de la producción nacional.II
Por otro lado, con el surgimiento de grandes plantaciones de soja y algodón y la gran demanda de carne para la exportación, millares de empresas del sector urbano, incluyendo las más diversas industrias, bancos, contratistas, comerciantes, exdueños de supermercados y diversos fondos de inversión, invirtieron –y están invirtiendo– en el campo. A este conglomerado representa y cuida de sus intereses la bancada ruralista.
En este contexto, durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1987, establecida con el objetivo de elaborar una constitución democrática después de 21 años de dictadura militar, surgió la Unión Democrática Ruralista –asociación civil fundada en mayo de 1985 por grandes latifundistas– con la misión de eliminar del texto constitucional la Reforma Agraria.
Aprobada la Constitución de 1988, la Bancada Ruralista se mantuvo actuante hasta 1994 y en 1995 sus diputados y senadores firmaron el acta de constitución del Frente Parlamentario de la Agricultura.
En 2005, con el fin de adecuarse a las normas de la Cámara de Diputados, fue creado el Frente Parlamentario de Apoyo a la Agropecuaria el que en 2008 pasó a su actual denominación.
Según la publicación Estadão/Broadcast III del 29 de julio pasado, la actual representación política del agronegocio llega a 210 diputados y 26 senadores (41 por ciento del total de los diputados y 32 por ciento de los senadores) pertenecientes a 18 partidos.
No todos los diputados que son hacendados son miembros del Frente, mientras otros, sin ser ruralistas, votan con el FPA. En casos puntuales el Frente realiza alianzas, por ejemplo la celebrada con el Frente Parlamentario Evangélico para aprobar el nuevo Código Forestal y con Jair Bolsonaro, exmilitar y actual candidato presidencial, que defiende el criterio de “ni un centímetro más” para tierras indígenas y quilombolas.IV
Además de la ruralista, existen otras bancadas extrapartidarias. La más numerosa es la de “los parientes” (parlamentarios con familiares que ocupan u ocuparon cargos electivos) con 238 integrantes; le siguen la de empresas contratistas y de la construcción con 226; la empresarial con 208; la evangélica con 197 y la de la bala (defiende el derecho al porte de armas por la población civil y frecuentemente aparece como aliada de los ruralistas) con 35.
Menos rentables económicamente, la bancada de derechos humanos cuenta con 23 integrantes y la de la salud 21.
El Frente es fuerte en algunas comisiones del Parlamento. En la de Agricultura, de sus 82 integrantes, 68 pertenecen al Frente incluyendo a su presidente; en la de Medio Ambiente, 19 de 36; en la de Constitución Justicia y Ciudadanía, 57 de 132; en la de Trabajo Administración y Servicio Público, 26 de 52 y en la de Seguridad Social y Familia, 43 de 108.
Los ruralistas siempre van por más. No conformes con haber impuesto al actual ministro de Agricultura y derrocado dos presidentes de la Funai (Fundación Nacional del Indio) siguen ejerciendo presión para que el gobierno sustituya los titulares de organismos del Estado que no contemplen sus reclamos.
La mano invisible y cabeza pensante detrás del FPA es el Instituto Pensar Agro (IPA), responsable de convertirla en la bancada mejor organizada del Congreso.
Fundado en 2011, con sede en un lujoso barrio residencial del Lago Sur en Brasilia, el IPA congrega 40 organizaciones representativas del empresariado rural, las cuales además del pago de sus cuotas recaudan donaciones de diversas transnacionales (de semillas, agrotóxicos, maquinaria, etc.).
Así lo reconoció su director ejecutivo, el ingeniero agrónomo João Henrique Hummel Vieira, a la publicación A Pública.
Con la misma desfachatez con la que en un sonado suceso trató de votar en una comisión de diputados sin serlo, admitió que el IPA recibe dinero de Cargill. “La compañía contribuye con las asociaciones y ellas pagan al Instituto y no tengo ninguna vergüenza de hablar de esto”, manifestó.
Hummel define al IPA como “una central de inteligencia, generadora de ideas para los diputados y senadores miembros del FPA, destinadas a ‘modernizar’ la legislación sobre el trabajo rural, la tenencia de la tierra, tributaria e indigenista”.
Con un presupuesto anual cercano al millón de dólares, el IPA ofrece cuadros técnicos y políticos para asesorar a los parlamentarios del FPA, además de facilitarle logística y estructura físicaV, así como los temas, con sus respectivos datos y argumentos, a ser discutidos en el Congreso.
En conflicto con las organizaciones ambientalistas, las defensoras de la Reforma Agraria y de los Derechos Humanos, el IPA, coincidiendo con la bancada de la bala, defiende el uso de armas en defensa de la propiedad privada contra invasiones y deja en claro que sus adversarios principales son los indios, quilombolas, sin tierra y las ONG internacionales, que en opinión de Hummel trabajan para entorpecer el agronegocio brasileño en favor de los países europeos.
El IPA y el FPA se esfuerzan por mejorar la imagen de sus mandantes a través de campañas como “Agro: la industria-riqueza del Brasil”, que financiada con la contribución de JBS (la empresa más grande del mundo en productos de origen animal) permaneció en la TV durante dos años.
Como señalamos anteriormente, la mayor parte de la producción de los grandes terratenientes se destina a la exportación y como esta no se ve afectada por la crisis interna, las ventas de commodities en el mercado internacional siguen fuertes y les permite sumar algún punto al PIB (Producto Interno Bruto).
Con este argumento, los grandes terratenientes se presentan como los “salvadores de la patria”.
Don Miguel de UnamunoVI aseveraba que “el hombre no es hijo de la patria, la patria es hija del hombre”.
De la misma forma muchas de las injusticias del Brasil actual son hijas de las políticas clasistas y anacrónicas que durante siglos han beneficiado a la burguesía terrateniente, que entre otras van desde no aplicar el impuesto a las grandes fortunas (Art. 153 de la Constitución Federal) al no pago de tributos sobre las exportaciones, pasando por el incumplimiento del Impuesto Territorial Rural.
Así las cosas, los beneficios de una minoría se han mantenido sacrificando los intereses de la mayoría de la población, situación que debería comenzar a cambiar en las elecciones nacionales del primer domingo de octubre.
Cuando conozcamos con cuantos integrantes cuenta la nueva Bancada Ruralista, sabremos cuantos peones votaron por sus patrones y capangas.
I- Puede accederse al documento (en portugués) en https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/blog/pdfs/pauta_bancada_ruralista.pdf
II- Ver “A influencia da Frente Parlamentar da Agropecuaria (FPA) na legislação e na formulação de políticas públicas direcionadas ás pessoas que trabalham no meio rural” Sheila Stolz y Carolona Flores, en periódicos.ufc.br/nomos/article/view/20522
III- http://infograficos.estadao.com.br/politica/eleicoes/2018/os-donos-do-congresso/agro
IV- En todas las colonias americanas hubo zonas de huida y resistencia de los esclavos. En el Brasil y el Río de la Plata se llamaban “quilombos”, mientras que en otras zonas del continente eran conocidos como “palenques”. El más famoso refugio en América Latina fue el Quilombo dos Palmares en el Brasil, entonces colonia portuguesa. Tenía una población de 15.000 esclavos rebeldes y se mantuvo durante casi todo el siglo XVII. Las tropas reales portuguesas utilizaron 6.000 soldados y necesitaron dos años para rendirla.
Los datos sobre el parlamento brasileño fueron tomados de De Olho nos Ruralistas, 13.07.18.
V- El IPA comparte la misma casa en la que el FPA se reúne en un almuerzo de trabajo todos los martes.
VI- Nació en Bilbao (España) en 1864, nombrado rector de la Universidad de Salamanca en 1901, fue destituido por la dictadura de Primo de Rivera en 1924 y desterrado a las islas Canarias. Vuelve a Salamanca en 1931 y retoma el rectorado. Cuando las tropas de Francisco Franco se apoderan de la ciudad a principios de la Guerra Civil, su postura ante los golpistas se resume en su famosa sentencia: “Venceréis, pero no convenceréis”. Por su defensa de la República es destituido y sufrió arresto domiciliario. Falleció en 1936.