A fines de marzo de este año el sacerdote José Amaro Lopes de Sousa, líder rural perteneciente a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y párroco de la Prelatura de Xingú, fue detenido luego de ser acusado de diversos delitos.
No hay prueba alguna de esto, pero sí las hay de la voluntad de las autoridades federales y del estado de Pará de criminalizar y destruir a las organizaciones sociales y sindicales que trabajan en favor de los asalariados, campesinos, los indígenas y en general de las poblaciones más pobres.
Está claro “que hay un intento de acallar la voz de quien acompaña y trabaja junto a trabajadores y trabajadoras rurales en la región. Es una estrategia planeada por los terratenientes locales que no ven bien la labor comunitaria del padre Amaro”, dijo el coordinador regional de la CPT en Pará, Gilson Rego.
La justicia que mira pero que no ve, tampoco escuchó los argumentos de Amaro, que se basó para mantenerlo en prisión preventiva únicamente en el testimonio de terratenientes.
En Anapu la violencia en los conflictos por la tierra es una constante desde hace años, y de ella son responsables, en la enorme mayoría de los casos, empresarios y Estado.
Un hecho emblemático fue el asesinato, en 2005, de la religiosa norteamericana Dorothy Stang por sicarios pagados por un terrateniente local.
El padre Amaro ha sido precisamente quien relevó a Stang -con quien trabajó estrechamente- en la defensa de los derechos de las comunidades rurales en Anapu.
Al mismo tiempo que le negó la libertad provisional a este “sacerdote de los pobres”, que no es responsable de crimen alguno, la justicia de Belem sí se la otorgó a uno de los sicarios acusados de participar en el asesinato de Stang.
Pará ha sido además escenario de masacres como la de Eldorado dos Carajás (1996) y Pau D’Arco (2017), en las que numerosos campesinos fueron asesinados.
Junto a Rondônia, es el estado de la Unión más letal para los militantes sociales: más de la mitad de los 61 homicidios de este tipo de 2016 y de los 71 de 2017 tuvieron lugar en esos dos estados.
Este escenario es otra muestra de la impunidad que reina en Brasil. Un país donde en el campo impera la ley de los que más tienen, de los mayores culpables de la devastación de enormes ecosistemas, los campeones del trabajo esclavo, los que cargan las armas contra los líderes sociales y pueblos originarios.
La Rel-UITA, junto a sus 87 afiliadas de 18 países de América Latina y el Caribe, reclama la liberación inmediata del padre Amaro y el cese de la violencia.
Nos adherimos asimismo a cientos de organizaciones en todo el mundo que exigen que la justicia se imponga en Brasil y la impunidad no continúe abasteciendo la maquinaria de terror y exterminio donde el campo padece una era incontenible de la criminalidad.
Finalmente extendemos al padre José Amaro Lopes de Sousa nuestra mayor solidaridad internacional y el compromiso de respaldar de manera decidida y firme todas las acciones que se emprendan exigiendo su libertad.
Sindicalmente,
Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA