Además de permitir el uso de agrotóxicos prohibidos en otros países, Brasil es líder mundial en su utilización.
Entre 2006 y 2016 el mercado global de agrotóxicos creció 93 por ciento mientras en Brasil el crecimiento fue de 190 por ciento, al punto que en 2015 se aplicaron 900 mil toneladas de agrotóxicos en la agricultura brasileña.
En Brasil los agrotóxicos están exonerados de algunos impuestos, lo que permite el absurdo de que mientras los impuestos representan el 34 por ciento del precio final de los medicamentos, en los agrotóxicos llegan sólo al 22.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente ocurren 25 millones de casos de envenenamiento por agrotóxicos, que provocan 220 mil muertes.
En Brasil, en el período 2007/2017 fueron más de 107 mil los casos de intoxicación, con 3.452 muertes, números estos últimos que son aproximados, pues es sabido que muchos envenenamientos no son registrados.
Para las grandes compañías de la industria química y los latifundistas la situación no es alarmante y los privilegios que reciben no son suficientes.
Por ello es que están movilizando a los diputados de la bancada ruralista –llamada peyorativamente “bancada do boi”– para que promuevan una serie de proyectos de ley bautizados por la sociedad civil como “Paquete del Veneno”.
La bancada ruralista está integrada por 207 de los 513 diputados que conforman la Cámara.
Si a estos legisladores no les importa la salud de los trabajadores y trabajadoras y de los consumidores, mucho menos les debe importar que el “Paquete del Veneno” viole tratados internacionales ratificados por Brasil, especialmente los convenios 155 y 170 de la OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, y sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, respectivamente.
A continuación, algunos de los problemas que presenta el mencionado proyecto:
-Cambia la denominación “agrotóxico” por “defensivo fitosanitario” y “productos de control ambiental”, pretendiendo esconder el verdadero riesgo de estos productos.
Guillerme Franco Netto, de Fiocruz 1, recuerda que según la etimología de las palabras, agrotóxico proviene de la conjunción de agro, que significa terreno cultivable, y de tóxicos que significa veneno; mientras fitosanitarios proviene de fito=planta y sanitario=salud.
-Autoriza cualquier producto por el simple hecho que haya sido aprobado en al menos tres países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
-Los productos considerados peligrosos por algún órgano internacional encargado de la salud, la alimentación y/o el medio ambiente de los cuales Brasil sea miembro o signatario de algún tratado o convenio, no serán retirados de la circulación y venta y apenas se realizará un “reanálisis” de los riesgos.
-Los reanálisis de los productos “fitosanitarios y afines” serán concluidos en el plazo de un año, prorrogable por seis meses. Hasta entonces persiste la posibilidad de comercialización, producción, importación y uso del producto.
–Se autoriza la producción y comercialización de agrotóxicos con “riesgo aceptable” y la prohibición a la importación y producción de agrotóxicos se restringen a los “riesgos inaceptables”.
En ninguna parte del proyecto se define, sin embargo, cuáles son los “riesgos aceptables”.
Los agrotóxicos podrán ser liberados sólo por el Ministerio de Salud, dejando de lado la participación actual de otros organismos, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), quitándole transparencia al análisis.
-Por lo que veremos más adelante, presumo que la reducción propuesta se encuentra dentro de los programas de rentabilidad de las empresas: resulta más económico sobornar a un organismo público que a tres.
Es evidente que existe una relación entre las donaciones para las campañas de los integrantes de la bancada ruralista y sus propuestas de reglas más flojas para los agrotóxicos.
Según Cida de Oliveira II, productores de caña de azúcar, eucalipto, tabaco, amianto, fábricas de todos los tamaños, industrias químicas, de alimentos, celulosa y de armas, ganaderos, bancos y seguros de salud, están entre los mayores financiadores de las campañas de los diputados que defienden la aprobación del “paquete del veneno”.
Se trata de sectores que dependen de los agrotóxicos en sus sistemas de producción, que los fabrican, que los venden o que pretenden ampliar la participación en el agronegocio como un todo.
Oliveira menciona los nombres de los diputados y las cantidades de dinero que recibieron para sus campañas políticas. Entre las empresas “donantes” figuran algunas conocidas:
–Raízen, la mayor productora de azúcar y etanol del país, que abastece de este combustible a todas las estaciones de Shell. Ha sido condenada por el Ministerio Público del Trabajo (MTP) debido a que sus trabajadores en los cañaverales estaban expuestos a los agrotóxicos sin protección adecuada.
–Braskem, la mayor petroquímica de América Latina, entre otros productos elabora el llamado “plástico verde” obtenido de la caña de azúcar, cultivo que es el segundo mayor consumidor de agrotóxicos de Brasil (la soja ocupa el primer lugar).
–Fibria, la mayor productora mundial de celulosa de eucalipto.
–JBS y BRF; ambas transnacionales de la industria de la carne aparecen como contribuyentes de numerosos diputados.
–Nufarm, transnacional australiana que figura entre los 10 mayores productores y proveedores mundiales de agrotóxicos, entre ellos el 2,4-D.
–Mitsui, conglomerado japonés que entre otros productos produce agrotóxicos. Está asociado con la alemana Basf para desarrollar una nueva molécula, la broflanilide, para ser usada como insecticida.
–Itaú y Bradesco encabezan la lista de bancos que aparecen como donantes de la bancada ruralista.
–Philip Morris y China Brasil Tabacos. Ambas tabacaleras han sido acusadas de contar entre sus abastecedores a plantadores que explotan mano de obra análoga a la esclavitud y de exponer a sus trabajadores a los agrotóxicos al brindarles apenas gorros, bermudas y chinelas como elementos de protección.
–Eternit, filial de la transnacional belga Etex, elabora tejas y cajas de agua a partir del amianto.
–Taurus, fabricante de pistolas, revólveres y armas largas también figura entre los contribuyentes.
Se han manifestado contra el “paquete del veneno” algunos partidos de la oposición, el Ministerio Público Federal (MPF), Ibama, Anvisa, Fiocruz, el Instituto Nacional del Cáncer (Inca).
Además, un manifiesto contra la propuesta fue apoyado por 320 movimientos, redes y organizaciones sociales, entre ellas nuestra afiliada la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG).
Confiamos en que logren detener la ofensiva de los promotores del veneno.
En el Brasil actual todo puede suceder, incluso que el derecho a la vida, la razón y la honradez tengan posibilidades de imponerse.
I- Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), ubicada en la ciudad de Río de Janeiro, es considerada la más destaca institución de ciencia y tecnología en salud de América Latina.
II- Usinas, bancos, agrotóxicos, tabaco y armas financian a “bancada do veneno”. Red Brasil Actual, 16.05.18.