El actual gobierno de Mauricio Macri nos prometió que venía a unir a todos los argentinos, bajar la pobreza y la inflación, eliminar la corrupción existente y recuperar las instituciones republicanas.
Nos prometió en particular a los trabajadores y trabajadoras que no pagaríamos más impuestos a las ganancias, que se generarían miles de puestos de trabajo a partir del crecimiento de la economía como fruto de la lluvia de inversiones que llegarían al país a partir del plan económico que se llevaría adelante.
Y muchas otras promesas más que no se cumplieron, resultando una de las mayores estafas electorales que se han practicado en nuestra historia democrática.
En tal sentido, manifestamos nuestro profundo rechazo a la orientación política, social y económica que viene llevando adelante el gobierno de los CEOs, de carácter neoliberal y oligárquica, y exigimos la urgente rectificación del camino asumido por éste.
En un poco más de dos años de mandato asistimos a un endeudamiento externo sin precedentes utilizado fundamentalmente para fomentar la especulación financiera y posterior fuga de divisas, cubrir el déficit fiscal generado por la eliminación de impuestos y las retenciones a la exportación de productos primarios y un déficit comercial como no se ha tenido en décadas a partir de la apertura indiscriminada de la economía.
Todo ello ha generado una fenomenal transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía, profundizando la desigualdad existente, condicionando a futuros gobiernos y generaciones de argentinos.
También alertamos sobre un proceso inflacionario que no cede, generando una constante pérdida del poder adquisitivo y la consecuente pauperización de las condiciones de vida para millones de personas.
Vemos con profunda preocupación que bajo el discurso de reducir el gasto público se vienen destruyendo políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables de la población (niños, jóvenes y adultos mayores), en particular las referidas a la educación y salud.
Rechazamos la reforma jubilatoria aprobada recientemente en una vergonzosa sesión del Congreso de Diputados de la Nación mientras en las calles se reprimía de manera brutal a una multitud que manifestaba en su contra.
Esa reforma representa una gigantesca confiscación para nuestros jubilados y pensionados, con la consecuente eliminación de la movilidad jubilatoria tal cual la conocíamos.
Sabemos que la intención del gobierno es avanzar en una reforma más profunda del sistema previsional para aumentar la edad jubilatoria y reinstalar un sistema privado de capitalización.
Rechazamos también cualquier avance en este sentido y bregamos para que oportunamente se derogue la referida reforma o se declare su inconstitucionalidad.
Tenemos la certeza de que el gobierno insistirá, en el transcurso del presente año, con una contrarreforma laboral.
Resistiremos cualquier intento de modificación de las normas laborales que signifiquen un retroceso en los derechos adquiridos por los trabajadores y todo intento gubernamental de intervención de las organizaciones sindicales por el mero hecho de no resultar cómplices de sus políticas.
Finalmente, rechazamos la imposición de “techos salariales” definidos por el Poder Ejecutivo, una franca intromisión en la autonomía de las partes.
Observamos con preocupación la creciente conflictividad social como resultado de la profundización de las políticas económicas anteriormente mencionadas, que entre otras consecuencias genera el cierre de establecimientos y pérdidas de puestos de trabajo formales.
Nuestra actividad viene siendo víctima de esta realidad al sufrir el cierre de varios establecimientos, algunos con una amplia trayectoria en la industria.
Asumimos que el movimiento obrero en su conjunto debe realizar una autocrítica con relación a su desempeño de los últimos años al haber colaborado, por acción u omisión, para que actualmente nos encontremos en esta situación.
Algunos dirigentes han utilizado importantes espacios de responsabilidad institucional para beneficio personal y/o para intereses del sector y/o actividad que representan, olvidándose que el lugar que les han asignado comprende la defensa de los derechos y conquistas del conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
Por tanto, resulta necesaria una renovación integral de la dirigencia, no solo de nombres.
Las circunstancias históricas exigen un rol protagónico del movimiento obrero en la construcción política de un proyecto nacional y popular de mayorías que aspire a la realización efectiva de la justicia y la inclusión social, la independencia económica y la soberanía política. (…)