Hay razones de coyuntura y otras de fondo que explican lo sucedido. Entre las primeras, debe destacarse una situación económica frágil que se agrava por la crisis venezolana, lo que impone ciertas reformas estructurales a tono con los mandatos del FMI.
“Tras el fin de la cooperación petrolera venezolana, la economía se ha ido tornando cada vez más frágil y el gobierno ha tenido que retirar circulante para mantener las reservas internacionales”, escribe en su última edición la revista Envío.
“Incrementar la recaudación de impuestos aumentando los tributos y reduciendo las exoneraciones fiscales se vuelve imperioso para seguir manteniendo el nivel de reservas y para garantizar la inversión pública y el gasto social”.
Luego de una década en el gobierno, 2017 ha sido el año en que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha batido récords en su histórico déficit.
Pero Ortega tiene una alianza con la elite empresarial que no quería romper aumentando impuestos.
Envío se preguntaba, antes del estallido social: “Tal vez la parálisis está alimentada por el temor a afectar la alianza con los grandes empresarios, tocándoles el bolsillo para reducirles las privilegiadas exoneraciones de las que gozan o para aumentarles los impuestos que en justicia deben pagar».
La segunda cuestión es el aumento de la presión de Estados Unidos. La embajadora de ese país en Managua, Laura Dogu, leyó el 14 de marzo ante la clase empresarial nicaragüense una conferencia magistral titulada “Perspectivas 2018 – El camino hacia 2030”.
“Siendo la apuesta de Washington, como indican todos los pasos que da, el debilitar el mayor logro de Ortega, su alianza con la élite empresarial, el mensaje de Dogu respondió claramente a ese objetivo”, señala Envío en su entrega de abril.
“Con una contundencia no empleada en anteriores mensajes, les explicó a los empresarios cuán ‘inciertos’ nos ve Estados Unidos por el rumbo político que en 2018 lleva el gobierno y cuán ‘incierto’ ve Estados Unidos el desarrollo de Nicaragua en 2030 si no hay cambios significativos en las estrategias económicas”, agrega la revista.
Este es el marco coyuntural en el cual el gobierno de Ortega decide reformar la seguridad social.
Es demasiado abusivo, como sostienen algunos analistas, decir que el estallido social fue alentado desde Washington, aunque la Casa Blanca debe estar feliz con el resultado. La gente reaccionó como lo haría cualquiera al que le quiten un 5 por ciento de su salario o su jubilación.
Lo que no dicen los analistas que atribuyen todos los problemas del progresismo a supuestas maniobras del imperialismo es que en la represión (30 muertos, decenas de heridos y desaparecidos) participó la policía antimotines y grupos paramilitares que se denominan “Juventud Sandinista”.
“La violación de los derechos humanos llega al punto de perseguir a las personas que solidariamente recolectan víveres y medicinas para llevarles a las y los universitarios que permanecen en las universidades resistiendo a los ataques de los antimotines y paramilitares”, reza un comunicado de la Articulación Feminista Nicaragüense.
En este punto, parece necesario preguntarse cómo se ha llegado a esta situación. Cómo ha sido posible que el Frente Sandinista, una heroica organización revolucionaria, haya degenerado hasta convertirse en una burguesía mafiosa dispuesta a matar para seguir en el poder.
En un largo artículo de enero de 2014, la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano se formula y responde esa pregunta. Establece cuatro rasgos del actual poder Ortega-Murillo.
“No estamos en ninguna segunda etapa de la Revolución, no se están realizando transformaciones que nos coloquen en el camino de un sistema de justicia social”, decía Baltodano (Envío, enero de 2014).
“Todo lo contrario: se ha fortalecido, como nunca antes, un régimen económico-social en el que los pobres están condenados a rebuscarse la vida en trabajos informales, precarios, por cuenta propia o a trabajar por salarios miserables y en largas jornadas, condenados a emigrar a otros países en busca de trabajo, condenados a pensiones de jubilación precarias”.
“Se trata de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios”.
El segundo rasgo es que se ha profundizado la subordinación del país a la lógica global del capital, “entregando a las grandes transnacionales y a los capitales extranjeros, que llegan a explotar nuestras riquezas naturales o a aprovecharse de nuestra mano de obra barata, como sucede en las zonas francas”.
Se trata de concesiones mineras, forestales, pesqueras y de generación de energía, a lo largo y ancho del país.
El tercer rasgo es que un sistema económico-social excluyente de las mayorías “necesita acabar con las resistencias sociales y el régimen de Ortega lo logra ejerciendo un severo control social”.
El cuarto rasgo es que “se ha desarrollado un desmedido proceso de concentración de poder en la camarilla Ortega-Murillo” que “amenaza con destruir todo vestigio de institucionalidad democrática, al tiempo que a lo inmediato no existe ninguna fuerza capaz de frenarlo o de ponerle fin”.
En su opinión, el monopolio del poder político y la privatización del Frente Sandinista fueron las condiciones para “la creación de la oligarquía económico-financiera del Frente”, que se explica por “la concentración ilimitada de poder”.
Este proceso tuvo un salto adelante con la “piñata”, cuando los sandinistas abandonan el poder tras la derrota electoral de 1990 y barren con recursos estatales para beneficio personal.
El segundo salto se dio en 1998.
Ortega fue denunciado por su hijastra por violación, recibiendo el apoyo de su pareja, Rosario Murillo, quien a partir de ese momento ascendió de forma vertiginosa en el entramado de poder.
Pero ese mismo año Ortega, desde la oposición, hace un pacto con el gobierno derechista de Arnoldo Alemán.
“El propósito central de la alianza con Alemán fue reducir a 35 el porcentaje necesario para ganar las elecciones, repartirse entre ambos partidos los cargos en todas las instituciones del Estado y garantizar seguridad a propiedades y negocios personales de dirigentes del FSLN”, escribe Baltodano.
“A cambio, Ortega le garantizó a Alemán ‘gobernabilidad’: se acabaron las huelgas y las luchas reivindicativas”.
Hay mucho más, por cierto.
Envuelta en un discurso revolucionario surgió una “burguesía rojinegra”, como la nombra la ex comandante, que necesita el poder del Estado, fusionándose con el capital local y transnacional, y que se enfrenta al pueblo nica.
No es la primera vez que esto sucede en la historia de las revoluciones, por más rabia y tristeza que nos provoque.
Ilustración: Allan McDonald