-¿Cuál es el trabajo que realizan en la Federación con los migrantes?
-Fundamentalmente trabajamos con la gente que se desplaza hasta España para trabajar en labores del campo, pero también en la construcción, no sólo de quienes vienen desde fuera de la Unión Europea sino desde la propia UE.
Son cerca de medio millón los trabajadores y trabajadoras migrantes que vienen a nuestro país a encontrar un lugar. De ellos, 120.000 intentan hallar un empleo en el sector agrario.
-¿Podemos decir que es el sector que más gente emplea?
-Sí, lo es, en el ámbito de nuestra Federación, seguido de la construcción y de la alimentación,
De América Latina, la mayor parte provienen fundamentalmente de Colombia, Perú y Ecuador, pero son muchos más los que llegan desde otras regiones del mundo, sobre todo Marruecos.
Volviendo a nuestra labor, lo que hacemos nosotros es un típico trabajo de asesoramiento e información, por ejemplo sobre las distintas campañas agrícolas que existen en España, sobre los convenios colectivos provinciales (no hay aquí convenios nacionales), sobre las remuneraciones.
En algunas ocasiones hacemos campañas específicas, sobre todo en prevención de riesgos laborales, porque las condiciones en el sector agrario -principalmente cuando llegan las campañas de la fresa, de la cereza- se dan en zonas calurosas y los trabajadores y trabajadoras deben estar hidratados y protegidos.
-¿Las empresas no lo hacen?
-Están obligadas por ley a facilitarles equipos de protección y agua abundante, pero normalmente las fincas no están muy cerca de las poblaciones y no abundan los controles sobre la calidad de lo que se les brinda. El agua no suele ser potable, por ejemplo. Algo lamentable.
-Cuando los trabajadores nicaragüenses llegan a Costa Rica con contratos de origen se encuentran con que lo que les habían prometido no se cumple. ¿En España sucede algo similar?
-Sí. Muchas veces no se les paga el salario prometido y no se declaran las jornadas reales, lo que los perjudica también a la hora de cobrar determinadas prestaciones.
Esto no solo ocurre con los trabajadores migrantes sino también con los españoles.
Según un informe de la Policía española, el agrícola es el sector de mayor explotación, a tal punto que a algunos trabajadores los empresarios les quitan los pasaportes, y el fraude laboral es masivo. También hay casos de trata, aunque han disminuido.
Por otro lado, nos desplazamos al extranjero a controlar las condiciones de labor de los españoles en las fincas de Francia o Bélgica. La UGT es pionera en este tipo de controles y los trabajadores y trabajadoras reconocen ese esfuerzo.
Foto: Gerardo Iglesias