A “Jacinta” la insultaron quienes la empleaban en su hogar, le negaban el derecho de acudir al médico cuando se enfermaba, únicamente comía lo que sobraba en casa -nunca lo mismo que sus empleadores o empleadoras- y llegado el caso, para echarla, la acusaron de robo.
Esta situación la vivió durante siete años, hasta que acudió al Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), donde tras realizar diversas audiencias conciliatorias logró que la repararan por los perjuicios que le causaron.
En México, alrededor de 2,3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar remunerado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La gran mayoría de ellas (90 por ciento) son mujeres y enfrentan obstáculos, como advierte el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Datos compilados por el Consejo advierten que el promedio de escolaridad de los hombres dedicados al trabajo del hogar es de ocho años mientras que el de las mujeres es de siete.
En cuanto a condiciones laborales, tres de cada 10 (29,3 por ciento) de hombres trabajadores del hogar perciben hasta dos salarios mínimos mientras que en el caso de las mujeres la cifra es de cuatro de cada 10.
En contrapartida, 83,2 por ciento de los hombres en esta ocupación no tienen acceso a servicios de salud y la proporción entre las mujeres aumenta a 98,1.
Estudios realizados por el Conapred mostraron que un tercio de las trabajadoras comenzaron a trabajar siendo menores de edad. Una de cada cinco lo hizo entre los 10 y los 15 años, edades entre las cuales el trabajo es ilegal.
Un 96 por ciento no cuenta con un contrato escrito que especifique sus actividades y cuatro de cada cinco se emplean en el trabajo doméstico por razones de necesidad económica y factores asociados a marginación y la pobreza, como escaso logro educativo y falta de oportunidades.
Entre 2011 y septiembre de 2017, Conapred calificó 25 expedientes como presuntos actos de discriminación hacia personas trabajadoras del hogar: 23 quejas contra particulares y dos contra personas servidoras públicas.
Los actos denunciados sucedieron principalmente en el ámbito laboral, casi siempre por la condición social y económica de las denunciantes.
En la mayoría de los casos se llegó a un acuerdo entre las partes y se impartieron cursos de igualdad y no discriminación, se pidieron disculpas públicas y se cambiaron los reglamentos internos de condominios.
Desde 2013 el Copred ha registrado 39 denuncias por presuntas conductas discriminatorias cometidas hacia personas trabajadoras del hogar. En todas ellas se vulneró el derecho al trabajo y en la mayor parte el principal motivo que detona la conducta discriminatoria es la condición social, seguida de la edad y la condición económica.
El Estado mexicano aún no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar.
Además no han sido todavía reformadas la Ley del Seguro Social, que establece que las y los empleadores no tienen obligación de registrar a las trabajadoras del hogar ni de pagar las cuotas correspondientes, ni la Ley Federal del Trabajo, cuyo contenido sigue siendo altamente discriminatorio y no garantiza un pleno ejercicio de derechos laborales.
Es importante que la legislación establezca normas específicas relacionadas a la seguridad social y la salud de las mujeres trabajadoras del hogar.
Para formular estas exigencias a las instancias correspondientes, se lanzó la campaña Empleo Justo en Casa, en la que se puede firmar para exigir al gobierno la ratificación del convenio 189, que reconoce los derechos laborales de las empleadas del hogar, entre los que destacan el salario digno, el aguinaldo, las vacaciones, un contrato, y la seguridad social.
Conoce más sobre la campaña en http://empleojustoencasa.org/
Ilustración: CartonClub