Las cifras son contundentes: el 15 por ciento de los embarazos en América Latina y el Caribe ocurre en jóvenes de menos 20 años.
Las adolescentes de entre 15 y 20 años dan a luz más de 2 millones de niños en esta región, donde en esa franja etaria se producirían unos 3,2 millones de abortos al año, en gran parte en condiciones precarias.
Sólo el África subsahariana, la región más pobre del planeta, presenta un panorama más desolador en ese plano, y América Latina es la única área con una tendencia creciente de embarazo adolescente, destaca el documento, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La mortalidad materna adolescente es también especialmente elevada en América Latina: 1.900 menores de 24 años murieron en 2014 (último dato disponible) “como resultado de problemas de salud durante el embarazo, el parto y el posparto, situación que muestra que esta es una de las principales causas de muerte en las adolescentes y jóvenes”.
Los sectores sociales más afectados son, como era previsible, los más vulnerables, fundamentalmente las jóvenes que viven en el medio rural, en particular las indígenas.
El fenómeno es, además, un factor de acentuación de la pobreza y deja en evidencia la magnitud de “las desigualdades entre y dentro de los países”.
“Muchas niñas y adolescentes tienen que abandonar la escuela debido a un embarazo, lo que tiene un impacto a largo plazo en las oportunidades de completar su educación e incorporarse en el mercado laboral, así como participar en la vida pública y política”, dijo Marita Perceval, directora regional de UNICEF.
Las adolescentes sin educación o con escasa escolaridad tienen cuatro veces más posibilidades de ser madres que aquellas con educación secundaria o terciaria.
Las agencias de Naciones Unidas plantean entre las posibles soluciones, o al menos entre los paliativos al fenómeno, prohibir el matrimonio antes de los 18 años, fomentar programas preventivos y del uso de preservativos y de métodos anticonceptivos modernos y favorecer “un entorno favorable para la igualdad entre sexos y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes”.