Este deseo de reforma, por parte de los empresarios, no es nuevo.
Desde hace varios años argumentan que el Código de 1992 está desactualizado y han planteado la modificación de 28 puntos, haciendo énfasis en que las disposiciones en materia de horarios, prestaciones laborales, cesantía, riesgos laborales y conciliación judicial crean una pesada carga para las empresas, en especial las pequeñas y las medianas.
Desde el principio los empresarios alegan que los horarios y días feriados no responden a la realidad del país y que es necesario establecer jornadas diferenciadas para diversos sectores.
Sostienen que después de la puesta en marcha de la seguridad social los pagos ascienden al doble entre el fondo de pensiones (AFP) y la cesantía, y que es necesario crear topes a los montos otorgados.
Alegan, además, que la cesantía y otras cargas laborales (como los aportes a la seguridad social) son una traba para la competitividad y que crean distorsiones en el mercado laboral
Las centrales obreras Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) se oponen en términos generales a cualquier reforma que erosione los derechos de trabajadores y trabajadoras.
Afirman que el interés de los empresarios es suprimir ciertos derechos laborales y bajar el costo de la mano de obra.
Esa “flexibilización” consiste en reducir calidad y crear precariedad.
En el país los salarios son bajos y la compensación final del trabajador es la cesantía. La creación de un seguro de desempleo sería más costosa que la cesantía como tal, y esta no representa una carga tan grande para el sector privado como señalan algunos de sus representantes.
El 19 de enero, el periódico Diario Libre publicó que en la reunión tripartita “se revisaron los principios fundamentales del Código de Trabajo”.
Por las centrales participaron Rafael -Pepe- Abreu, del CNUS y Gabriel Del Río Doñé, de la CASC.
Entre los representantes de los empresarios figuraron César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que observó que todas las partes están en disposición de llegar a un acuerdo lo antes posible, aunque aclaró que los empresarios no van a sancochar una modificación al Código.
En la próxima reunión, las partes continuarán con la revisión de los puntos ya consensuados y de los avances alcanzados.
Se habla que hay acuerdo en puntos neurálgicos como las prestaciones laborales y la cesantía, garantizando estas conquistas para los que actualmente están trabajando pero eliminándolas a futuro.
Para los nuevos trabajadores y las nuevas trabajadoras se creará un seguro de desempleo utilizando los recursos de que dispone la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS).
Si se aprobara ese punto se estaría legislando en perjuicio de las futuras generaciones y se estaría atentando contra la libertad sindical y los convenios colectivos, ya que los empleadores no tendrían ningún compromiso y cada cierto tiempo estarán enviando a parte del personal al seguro de desempleo.
En un país de desempleados como este se estaría agravando aún más la situación.
Ante esta embestida de los empleadores la Rel-UITA y el Grupo Democracia y Desarrollo (GDD) realizaron hace un par de años tres foros sobre el Código de Trabajo.
En esa instancia el consultor internacional de la OIT Gerardo Castillo, invitado por la Rel-UITA y expositores dominicanos de la talla de Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, ex Ministro de Trabajo, Julio Aníbal Suárez, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, y Joaquín Luciano y Julián Serrulle Joaquín, todos expertos en la materia.
Ellos coincidieron el daño que la reforma causaría a los trabajadores y trabajadoras.
Sus ponencias y puntos de vista están recopilados en un libro para que a la hora de tomar decisiones los trabajadores de base y los sindicatos tengan una herramienta en las manos y no permitan perder o reducir conquistas establecidas y ganadas sobre la base de las luchas, que hoy día los empresarios, con el apoyo del gobierno, quieren eliminar.