-En Colombia no es una tarea fácil organizar un sindicato y de escoltas mucho más…
-Es peligroso, como en cualquier otro sector, y es por eso que únicamente el 4 por ciento de los trabajadores y trabajadoras en el país están afiliados a una organización sindical.
Desde el Sinproseg estamos tratando de concientizar al trabajador de que la única forma de conseguir beneficios laborales es estando unidos, acompañando el proceso y aportando con su presencia.
-Paradójico, ustedes brindan seguridad en condiciones de alta precariedad…
-La apertura al neoliberalismo que se dio en Colombia trajo consigo fenómenos como el de la tercerización, que para nosotros es una forma de esclavismo moderno.
Hay un concepto de contrato de trabajo que es indigno y que responde únicamente a la estrategia e interés de la patronal.
No hay, como debería ser, un acuerdo de voluntades, sino una imposición del patrón que aprovecha de las necesidades del trabajador.
-Me contaban en una reunión de escoltas en Urabá que hay personas que tienen más de 10 años trabajando con contrato a término fijo. ¿Es así?
-Yo llevo 16 años trabajando en el programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de lo que era el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a través de un contrato de prestación de servicios.
La UNP asumió los programas de protección a cargo del Ministerio del Interior. Actualmente, sin contar la Subdirección de Seguridad, que reúne a todos los programas de protección que tienen que ver con el conflicto armado interno, los contratos que tenemos son esclavizantes.
-¿Cuántas empresas del sector hay a nivel nacional?
-Hay 756 -con armas o sin armas-, bajo tutela de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Tratándose de grandes licitaciones y grandes cantidades de dinero son siempre las empresas con mayor poder económico las que ganan los contratos con el Estado.
En Colombia la Ley 801 permite conformar uniones temporales2 o consorcios. Actualmente hay tres uniones temporales que prestan el servicio a la UNP, integradas por siete empresas de seguridad, y nuestro sindicato tiene como afiliados a unos 1.600 escoltas de un total aproximado de 3.200. Algunas de estas empresas son abiertamente antisindicales.
-¿Cuáles son los desafíos para el futuro?
-El mayor es acabar con la tercerización y la precarización laboral, logrando que todos estos trabajadores sean nombrados de planta en la UNP. Son programas de protección que fueron creados en 1997 y que la UNP asumió hace casi cinco años.
Aunque estemos en un escenario de post-conflicto, van a continuar por lo menos unos 15 años más. Una contratación directa le ahorraría al Estado un 20 por ciento de lo actualmente les paga a las empresas tercerizadoras.
Tenemos información de que la UNP estaría por contratar a unos 500 escoltas y nuestra propuesta es que eleven esta cantidad a 1.500. El Estado se ahorraría unos 7 millones de dólares.
Lamentablemente lo que falta es voluntad política y el Estado prefiere tercerizar y no hacerse cargo de la contratación y gestión de la relación laboral con el trabajador.
-Hay casos, como el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), en los que activistas y dirigentes se están quedando sin esquema de seguridad. Esto es muy peligroso.
-Así es, máxime aquí con lo complicada que es esta región.
La fiscal de la Junta Directiva Nacional de nuestra organización fue asesinada en Acacías Meta, y la persona que la reemplazó acaba de sufrir un atentado.
Los beneficiarios de protección son unos 9.500, pero la UNP está brindando el servicio solamente a unas 1.500 personas y en cola tenemos a otras 8.000.
1 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
2 Cuando dos o más empresas o particulares ponen su esfuerzo en conjunto, para poder competir a la hora de elaborar una propuesta de ejecución de un proyecto determinado.