La crisis política que ha vivido Honduras, antes, durante y después de las elecciones del 26 de noviembre, ha llegado a un punto de agudización provocado por la tardanza, manoseo y alteración de los primeros y únicos resultados brindados por el pleno del Tribunal Supremo Electoral, que favorecían al candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla.
El cambio fraudulento de dicha tendencia a favor del candidato ilegal de la reelección, el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, después de una supuesta caída del sistema informático, ha dejado claramente sembrada en la población, la certeza de un descarado fraude electoral.
Esta burla a la voluntad popular expresada en las urnas ha provocado masivas protestas a nivel nacional en un franco rechazo a la maniobra del Partido Nacional, empecinado en conservar el poder a toda costa.
La respuesta represiva del gobierno coloca en situación de vulnerabilidad al pueblo puesto que viola flagrantemente las libertades democráticas y garantías ciudadanas.
Se trata de un decreto inconstitucional que establece el Estado de Sitio y que fue emitido en un momento crucial, cuando aún no se ha iniciado el proceso de revisión de actas y el cómputo general de los resultados y, que, por lo tanto, se convierte en un nuevo y sui generis golpe de Estado, como otros que se han venido sucediendo durante los dos últimos gobiernos del Partido Nacional.
Complicidad militar
Las Fuerzas Armadas avalan el golpe
Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Honduras, obligadas por la Constitución de la República a garantizar la alternabilidad en el poder, guardan un silencio cómplice frente a este mandato y ahora se muestran diligentes para ejecutar un decreto ilegal en contra del pueblo.
Este decreto, que no firmó Juan Orlando Hernández por ser candidato ilegal a la presidencia de la República y que no debió firmar el designado Ricardo Álvarez, por no ser legalmente depositario del poder, ha dado vía libre a los cuerpos represivos del Estado.
Estos han cometido una serie de actos de violaciones a los derechos humanos, como son las amenazas a los manifestantes, las detenciones ilegales, las torturas a los detenidos, los numerosos heridos y hasta asesinatos.
El propósito inmediato es impedir o contener la movilización popular e imponer a Hernández en la presidencia de la República, acción que conducirá a una agudización de la crisis y nos pondrá a las puertas de una catástrofe humanitaria en materia de derechos humanos.
Es parte también de la estrategia de inteligencia militar que se ha venido implementando, en la que se utilizan sicarios y provocadores infiltrados en las protestas populares para ejecutar acciones que atentan contra la propiedad privada o pública y luego culpar a los manifestantes contra el fraude y el continuismo.
Estamos ante una crisis política que debe solucionarse con absoluta transparencia para establecer la confianza y credibilidad que necesita todo proceso electoral.
De lo contrario, el conflicto se agravará y crecerá el uso de la fuerza por parte del régimen autoritario para aplastar la resistencia del pueblo.
Esta perspectiva de una salida sangrienta nos obliga a hacer un llamado urgente a los mecanismos de protección internacionales y al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para que realice visitas in situ, acompañe, observe y determine la gravedad de la situación a la que están expuestos la ciudadanía, los defensores de los derechos humanos, dirigentes populares y medios de comunicación comunitarios.
