El proceso a esos tres militares se da en el marco de un megajuicio iniciado por la justicia peninsular contra decenas de funcionarios de las dictaduras brasileñas acusados de intervenir en el secuestro y la desaparición de ciudadanos latinoamericanos de origen italiano.
La mayor parte de los acusados eran argentinos (61) y uruguayos (32), seguidos por los chilenos (22) y los brasileños (13). Desde que la causa se inició, hace casi una década, muchos de los genocidas han muerto.
De los 13 brasileños han sobrevivido tres, los ex agentes de inteligencia João Osvaldo Leivas Job, Calos Alberto Ponzi y Átila Rohrsetzer, implicados en el secuestro y asesinato del militante ítalo-argentino Lorenzo Viñas, en 1980.
El principal acusador de esos militares es el incansable luchador Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre (MJDH) y asesor de la Rel-UITA, que testimonió ante la justicia romana el miércoles 29.
En su declaración, Krischke recordó la historia de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, que precede al montaje de la Operación Cóndor, lanzada en 1975 en Santiago de Chile por iniciativa de la dictadura del general Augusto Pinochet.
“Documentos brasileiros comprueban que el primer caso de coordinación bilateral ocurrió en diciembre de 1970 en Buenos Aires, cuando Jefferson Cardim de Alencar Osório, ex coronel del ejército brasileño es detenido por la Policía Federal argentina y entregado al a represión brasileña”, recordó el presidente del MJDH”.
Un año después, otro brasileño, Edmur Péricles Camargo, era detenido en el aeropuerto de Buenos Aires por la policía argentina durante una escala de un vuelo entre Santiago y Montevideo, y entregado a las autoridades de su país.
La actuación de Krischke en aquellos años fue fundamental para salvarle la vida a decenas y decenas de opositores argentinos, uruguayos, chilenos que se habían refugiado en Brasil.
Uno de los pocos fracasos de las acciones de coordinación represiva tuvo a Krischke como un protagonista central, junto al periodista Luiz Claudio Cunha.
Ambos dejaron al descubierto y denunciaron públicamente, en noviembre de 1978, el secuestro de los uruguayos Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez y los dos hijos de la primera, en Porto Alegre, por agentes brasileños y uruguayos.
La difusión inmediata de los hechos les salvó la vida a los dos adultos y los dos pequeños.
Krischke lo recordó en su testimonio de esta semana ante el tribunal que funciona en una antigua cárcel de las afueras de Roma donde en los años ochenta fueron juzgados decenas de criminales de la mafia italiana.
También habló del caso Viñas y de otros, como el de los argentinos Horacio Campiglia y Susana de Binstock, secuestrados en el aeropuerto del Galeao, de Río de Janeiro, en 1980, y llevados a Buenos Aires, donde pasaron a engrosar la lista de 30.000 desaparecidos.
“Italia está avergonzando a la justicia brasileña, haciendo lo que Brasil no ha hecho: colocar en el banquillo de los acusados a militares implicados en la Operación Cóndor”, escribió Cunha por estos días.
El mismo tribunal romano ya condenó en ausencia, el año pasado, a un puñado de militares y civiles uruguayos, chilenos y peruanos por su participación en el Plan Cóndor. Solo condenó a los que consideró responsables de dar órdenes y absolvió a quienes estimó que se habían limitado a ejecutarlas.
Quienes auspician la causa brasileña esperan que el criterio del juzgado popular italiano sea ahora diferente.