El plan ha sido resistido por diversas organizaciones de la sociedad civil, por académicos y técnicos debido al alto impacto ambiental, económico y social que tendrá para el país. Sin embargo, desde el gobierno, al que le queda poco más de un mes de gestión, insisten en aprobarlo.

Entre otras cosas será gestionado por un consorcio privado denominado Aguas de Montevideo, integrado por las empresas constructoras Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast, lo que implica un camino hacia la privatización del agua potable en el país e inevitablemente a una desfinanciación del ente estatal responsable de la potabilización (OSE).

De acuerdo con Edgardo Ortuño, ex director de OSE y futuro ministro de Ambiente del gobierno electo, de concretarse, el proyecto obligaría al ente estatal a abonar entre 50 y 57 millones de dólares por año por un llamado “pago por disponibilidad”.

El pasado martes 21, nuevas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron contra la iniciativa.

Entre ellas se encuentran el Grupo de Productores de Rincón del Pino; la Cooperativa Agraria Rio de la Plata, la Unión Rural de Flores, la Asociación Nacional Productores de Leche, la Asociación Rural de San José, la Asociación Nacional Semilleristas de Papa y el Centro Comercial de San José.

En un comunicado señalaron su preocupación ante la reciente resolución ministerial que concedió la autorización ambiental previa al proyecto afirmando que, al contrario de lo que esgrime el gobierno, la obra sí tendrá “impactos ambientales negativos inadmisibles para la zona”.

“Los conocimientos acumulados en estos años señalan que en esta zona del Rio de la Plata, existe una gran variabilidad ambiental por la presencia de sales, cianobacterias, excesos de minerales, presentes con mayor frecuencia a los señalados por el Consorcio ejecutor”, dicen en su nota.

Este grupo de organizaciones se suma a las decenas de voces contrarias al proyecto, que comprenden técnicos, científicos, trabajadores, productores rurales y comunidad en general.

Basados en informes realizados por expertos, los vecinos de la región de Arazatí apuntan que para superar los inconvenientes de la salinidad del agua del Río de la Plata se ha planteado la construcción de una reserva de agua bruta (RAB), con la disposición final de los lodos (residuos y químicos que surgen de la potabilización) a su lado.

“Una pésima solución que no contempla el cuidado de los recursos naturales, el respeto a los sistemas de producción instalados en la zona ni la influencia futura del cambio climático”, señalaron.

Agregaron que la RAB, cualquiera sea su dimensión y el sitio para los lodos, provocará una infiltración cuatro o más veces mayor a la natural, con aguas eutróficas del Rio de la Plata, muy diferentes a las de lluvia”.

En consecuencia, “se pondrá en riesgo el acuífero Raigón y se afectará la aptitud agrícola de una extensa área adyacente, comprometiendo suelos de los mejores” de Uruguay.

Asimismo, por las condiciones de retención de agua y nutrientes, la RAB actuará como caldo de cultivo, multiplicando las formaciones algales, cianobacterias precursoras de toxinas, presentes en el Rio de la Plata, complicando al extremo la potabilización y aumentando la necesidad de insumos químicos que se acumularán en los lodos.

“El tema ha sido nuestra constante preocupación porque la realidad es solo una: de realizarse, este proyecto, lo alertamos una vez más, provocará la destrucción de nuestra tierra, la contaminación del Acuífero Raigón, daños irreversibles a todo el lugar, así como también la muerte lenta de las actividades de la zona que hoy conocemos como tal”, apuntan.

El comunicado concluye con un pedido directo al presidente saliente Luis Lacalle Pou para que desista de firmar el contrato que habilitaría la construcción del Proyecto Neptuno subrayando que, de no hacerlo, estará desestimando los múltiples estudios realizados por especialistas en la materia tanto a nivel nacional como internacional.

A pesar de las múltiples solicitudes que llegaron al presidente, de los diversos estudios que demuestran lo nefasto del proyecto, este mediodía Luis Lacalle Pou firmó el contrato que hipoteca el futuro del agua potable estatal, habilita a la destrucción del medioambiente de la zona y compromete a uno de los principales acuíferos del país.

Lo que no pudo su padre cuando fue presidente de Uruguay en 1994, porque la voluntad popular se lo impidió mediante plebiscito (no a la privatización del agua). Ahora solapadamente y con la impunidad de ir de salida se les dio.

Habrá que ver cuál será la postura del nuevo gobierno que asume em marzo sobre este tema.