Lanzan asociación de víctimas de empresas que colaboraron con la dictadura militar
Amalia Antúnez
7 | 8 | 2023
Foto: IIEP – Memória Operária
La Asociación de Activistas por Reparación buscará organizar a las víctimas de empresas investigadas por complicidad con el golpe militar de 1964 y la dictadura que se instauró posteriormente y representarlas jurídicamente.
La Universidad de Sao Paulo (USP) fue elegida como sede del lanzamiento del nuevo grupo por dos motivos: para abordar la falta de enfoque en la Justicia de Transición en los cursos de grado en Derecho en Brasil, y para aumentar la participación de la USP en este tema, destacando la importancia de los juristas en la defensa de este conocimiento en el ámbito judicial.
“La USP colaboró mucho con el golpe y no ha llevado adelante una memoria al respecto, por lo que es un acto de insurgencia importante comenzar esta asociación aquí”, afirmó el profesor de derecho de la USP Jorge Souto Maior, doctor en Derecho del Trabajo y anfitrión del evento.
El pasado 5 de diciembre, el Ministerio Público del Trabajo (MPT) anunció una acción civil pública contra Volkswagen por el empleo de trabajo esclavo en un establecimiento mantenido por la automotriz en Santana do Araguaia, Pará, en las décadas de 1970 y 1980.
La empresa estaba participando en discusiones con el MPT sobre el caso, pero se retiró de las negociaciones y alegó que las violaciones ocurridas en Pará están cubiertas por el TAC (Término de Ajuste de Conducta) de 2020.
El IIEP (Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas) organizó y lideró el Grupo de Trabajo Sindical de la Comisión Nacional de la Verdad.
Fue en este grupo, a partir de 2013, donde se comenzó a pensar en la búsqueda de la responsabilidad de empresas por su complicidad con la dictadura.
Este trabajo culminó en el TAC firmado por Volkswagen en 2020 con el MPT, el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público de São Paulo.
El acuerdo, por un total de 36 millones de reales (unos 58 millones de dólares), financió investigaciones académicas coordinadas por el Centro de Antropología y Arqueología Forense de la USP sobre otras 13 empresas brasileñas que también apoyaron el golpe y están acusadas de vínculos con violaciones de derechos humanos contra sus trabajadores y personas afectadas por sus negocios.
Hasta ahora, las investigaciones académicas respaldan las indagaciones del MPF y el MPT sobre Petrobras, Folha, Cobrasma, Docas, Paranapanema, Aracruz, Josapar, Itaipú, CSN, FIAT, Belgo-Mineira, Mannesmann y Embraer.
Además, a finales de 2023, el MPF de Minas Gerais inició una investigación sobre Usiminas, escenario de la masacre de Ipatinga, en 1963, cuando la Policía Militar disparó contra trabajadores que protestaban por mejores condiciones laborales, dejando un saldo oficial de 8 muertos, aunque investigaciones sugieren que las víctimas podrían ser entre 30 y 80.
El jurista Belisário dos Santos Júnior, ex secretario de Justicia de São Paulo y ex integrante de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos, destacó que los procesos de reparación en la Justicia de Transición deben ir más allá de la indemnización económica.
“Hay que construir un sistema educativo diferenciado, porque al hacer memoria y verdad debemos enfocarnos en la situación actual, que reproduce mucho lo ocurrido durante la dictadura militar”, explicó.
La abogada Rosa Cardoso, ex coordinadora de la Comisión Nacional de la Verdad, afirmó a su vez que su objetivo y el del IIEP es que la asociación esté operativa en el primer trimestre de 2025.
La asociación podrá actuar jurídicamente, incluso como autora o coautora de peticiones, y buscará acuerdos con empresas para reparaciones materiales y simbólicas, diseñadas en consulta con las víctimas y sus descendientes.
El evento también rindió homenaje a nuestro querido amigo y asesor Jair Krischke, líder del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH), reconocido por su trabajo respecto al Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur latinoamericano.
En el acto se presentó el documental “Imprescindible”, de Milton Cougo, que narra la labor de Krischke en la protección de más de 2.000 personas perseguidas en la región en los años 1970 y 1970.
El evento concluyó con la lectura de un manifiesto de los trabajadores, pidiendo la responsabilización de empresas por violaciones de derechos humanos y denunciando la persistencia de prácticas autoritarias y antidemocráticas en la sociedad brasileña.
