“El Tatik Marcelo llevaba años denunciando la violencia sobre la comunidad del estado de Chiapas y defendiendo los derechos humanos”, señaló la organización en un comunicado.

“También denunciaba amenazas” y el “desamparo” en que lo había dejado el gobierno mexicano.

Pérez, perteneciente a la comunidad indígena tzoztil y destacado por su compromiso con la defensa de los territorios de los pueblos originarios, fue asesinado tras oficiar una misa por un comando armado que se desplazaba en motocicleta.

En su militancia social el sacerdote había chocado repetidamente con delincuentes al servicio de empresarios y políticos sociales.

“Pedimos con energía una inmediata investigación que ponga a los perpetradores de este bárbaro crimen bajo la justicia constitucional, y se tomen medidas de protección de las comunidades de la Diócesis de San Cristóbal”, reclamó Fedefam en su comunicado.

Lo mismo reclamó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Sólo una democracia que actúe en consecuencia es digna de llevar ese nombre”, concluyó la federación que nuclea a familiares de desaparecidos.