El 14 de octubre se inauguraron las labores de campo para la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la comunidad garífuna de Punta Piedra.

En abril pasado, cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras se movilizaron hacia la capital y se instalaron en los alrededores del Congreso Nacional.

Exigían el cumplimiento inmediato de las sentencias internacionales a favor de tres comunidades garífunas (Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan), así como un alto a la violencia contra ese pueblo originario.

En 2015 los jueces internacionales ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a las comunidades, en dominio pleno y en garantía de ocupación.

Además, instaron a restituir el territorio comunal usurpado, llevando a cabo procedimientos de expropiación y reubicación de los ocupantes ilegales.

Mientras no se hayan demarcado y titulado las tierras a favor de las comunidades garífunas, el Estado debe abstenerse de cometer actos hostiles contra los pobladores. Asimismo, debe preservar su seguridad ante posibles agresiones de terceros.

Buena parte de estas tierras fueron usurpadas por empresarios y grupos de poder para desarrollar proyectos turísticos, expandir el cultivo de palma africana y otros monocultivos, y para la construcción de viviendas privadas o con fines turísticos.

Durante 9 años, los gobiernos continuadores del golpe de Estado cívico-militar del 2009 hicieron caso omiso a las sentencias y hasta llegaron a desconocer el estatus de pueblo originario de los garífunas.

Foto: PGR Honduras

Con la creación, en marzo de este año, de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), Honduras sentó un hecho histórico.

Dicha Comisión es el máximo órgano encargado de coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias que beneficiaron a las comunidades garífunas.

Más de dos décadas después del inicio de esta lucha y casi una década después de las sentencias internacionales, las autoridades hondureñas están dando un primer importante paso.

“Juntos al pueblo garífuna y unidos en un solo esfuerzo estamos avanzando en el cumplimiento de las sentencias internacionales (…) Son los primeros resultados de la CIANCSI, creada por voluntad política de la presidenta Xiomara Castro”, señala una nota de la Procuraduría General de la República.

Rony Castillo, representante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) recordó que la comunidad de Punta Piedra luchó durante más de 20 años por la restitución de sus tierras ancestrales.

“Saneamiento, restitución y recuperación de los territorios por los cuales, como Ofraneh y comunidades garífunas, hemos venido luchando durante años. Hoy es un día histórico, no sólo para el pueblo garífuna, sino para los pueblos indígenas y negros del mundo”, explicó.

Encabezada por el canciller Eduardo Enrique Reina y el procurador general Manuel Díaz Galeas, la delegación estatal recorrió el territorio de la comunidad de Punta Piedra para dar inicio al proceso de cumplimiento de la sentencia.

“Es el punto de partida de un esfuerzo que deberá concretar, en el plano de lo material, la voluntad política de la presidenta Castro, dando así cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales.

Solamente así se les hará justicia a estas comunidades vulneradas, cuya historia es parte central de la historia hondureña, y cuya vida y cosmovisión enriquecen la Honduras multiétnica y multicultural que queremos”, concluyó el procurador Díaz Galeas.

Foto: PGR Honduras