“Fue asesinado por el solo hecho de resistir la dictadura y querer cambiar el país”, dijo el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe al informar sobre la identificación del cuerpo encontrado casi dos meses atrás en el predio del Batallón 14 del Ejército.

Alicia Lusiardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, responsable de los trabajos de búsqueda de los cuerpos, fue la encargada de detallar el horror: describió heridas, golpes, fracturas.

Una descripción coincidente con los testimonios de personas que había estado presas junto a Arigón y que habían dado cuenta del ensañamiento de los verdugos, del interés en destrozarlo que tenían los mandantes de sus tormentos.

El de Arigón fue el cuarto cuerpo de un desaparecido político encontrado en el Batallón 14 desde 2011.

Todos estaban a poca distancia entre sí, en un radio de 100 metros en torno a un arroyo, enterrados por sus captores y asesinos “con una metodología que evidentemente albergaba el designio de que no fueran encontrados nunca”, según dijo el director del Instituto de Derechos Humanos Wilder Tayler.

Antes del de Arigón el equipo de antropólogos forenses había ubicado en el lugar los restos de Julio Castro, en 2011, Ricardo Blanco, en 2012, y Amelia Sanjurjo, en junio de 2023, enterrados de la misma manera: a una profundidad inferior a un metro, cubiertos de cal y tapados por una losa.

Los cuatro habían sido secuestrados en el mismo período, entre mediados de 1977 y comienzos de 1978, conducidos al centro clandestino de detención de La Tablada, a cargo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), torturados, ejecutados y enterrados clandestinamente en el predio del 14.

Se presume que en el mismo sitio —un verdadero cementerio clandestino— pueden estar sepultados al menos otros ocho hombres y mujeres secuestrados entre 1975 y 1982.

Y tal vez los de una veintena larga de uruguayos secuestrados en Argentina en 1977 en el marco del Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras conosureñas y trasladados hacia Montevideo.

La Tablada —o Base Roberto, en la jerga de los represores— funcionó como centro de detención y torturas hasta 1983, un par de años antes de la caída de la dictadura.

Arigón tenía 51 años, dos hijas y era dirigente del sindicato de empleados de comercio y del Partido Comunista Uruguayo. Ya había estado detenido en otras dos ocasiones bajo la dictadura, la última apenas mes y medio antes de su secuestro.

Tayler evocó a su viuda, Sara Barrocas, que hoy tiene 94 años y “nunca dejó de buscar”.

“La recuerdo desde hace décadas, llegando, pidiendo hábeas corpus, haciendo denuncias, gestiones, lobby en el Parlamento, con una determinación que es la que hoy nos trae acá”, dijo.

Barrocas debió esperar hasta hoy, hasta que los antropólogos, casi que escarbando a ciegas, sin datos precisos, se toparon con los huesos de Arigón, como con los de Castro trece años antes, los de Blanco doce años atrás y los de Sanjurjo hace unos meses, a pesar de que tan cerca estaban unos de otros.

Los militares que sabían nada dijeron. Y mintieron que a los cuerpos de los desaparecidos que ellos mismos habían torturado, asesinado y sepultado clandestinamente los habían desenterrado e incinerado.

En la rueda de prensa estaba presente -además de Tayler, Perciballe, Lusiardo y Sabina Arigón, una de las dos hijas de Luis- el ministro de Defensa Armando Castaingdebat.

Triste papel el del ministro: preguntado acerca de si las más altas autoridades de su gobierno —el presidente Luis Lacalle Pou, él mismo— habían dado la orden a los mandos militares de contar lo que hasta ahora han callado dio a entender que no, y se escudó en que los gobiernos anteriores tampoco lo habían hecho.

“¿Por qué me preguntan a mí, por qué a nosotros?”, dijo, politiqueramente preocupado en destacar las cobardías, los acomodos, las medias tintas de los otros y desconocer las propias.

Y lo remató con un “No tenemos conocimiento de dónde puede haber más información”.

Tras la conferencia, Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, remarcó lo obvio: “Nuestros familiares aparecen en predios de las Fuerzas Armadas. ¿A quién tenemos que pedir información si no es a las Fuerzas Armadas?”

Un datito: del gobierno que integra Castaingdebat forma parte un partido plagado de militares vinculados con la dictadura que ahora está bregando por liberar a los pocos violadores a los derechos humanos presos, argumentando que son “viejitos”.

Su líder, el general Guido Manini Ríos, comandante en jefe del Ejército algunos años atrás, tiene edad suficiente como para saber de primera mano y vínculos suficientes como para saber a quién preguntar…