Gerardo Iglesias
16 | 9 | 2024
Tenía 46 años, era padre de dos niñas menores de edad, y desde hace largo tiempo sabía que podría acabar como Berta Cáceres, la luchadora ecologista y por los bienes comunes a la que una banda de esbirros a sueldo de una hidroeléctrica asesinara en 2016. Así se lo habían advertido en 2021 y así sucedió.
El sábado 14 Juan López, luchador ambientalista y contra la minería, regidor de la Alcaldía de Tocoa e integrante del Comité municipal de bienes públicos y comunes de esa localidad, fue ultimado a balazos por la noche, cuando salía de una iglesia.
Tantas eran las amenazas que había recibido en los últimos años que en 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le había otorgado medidas cautelares.
Lo enterraron hoy lunes 16 en Tocoa, la comunidad en la que vivía tras ser velado por una multitud.
Juan pasó a engrosar la lista de luchadores sociales asesinados en un país que Global Witness ha vuelto a colocar a la cabeza de los más mortíferos del mundo para los defensores de la tierra y los bienes comunes.
Al hablar de él este domingo, el abogado Joaquín Mejía, su compañero de lucha, lo calificó como “un intelectual popular comprometido con los cambios sociales”, y Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, lo mencionó como “un hombre de pueblo que dio su vida por su pueblo».
Juan se había levantado en los últimos tiempos contra un megaproyecto de minería de hierro a cielo abierto manejado por Inversiones Los Pinares (Grupo EMCO)/Inversiones Ecotek, administrados por conocidas familias de terratenientes que ya tienen en su historial el asesinato de varias decenas de campesinos organizados.
La Rel UITA se ha sumado a las organizaciones sociales hondureñas que han exigido el esclarecimiento este nuevo asesinato y hace suyas las palabras pronunciadas por el jesuita Ismael Moreno durante la misa de cuerpo presente realizada en su memoria. “Este es un crimen político, un crimen que busca paralizar al pueblo”, dijo el sacerdote.
La presidenta Xiomara Castro ha repudiado también el crimen. Desde que en 2022 llegara al gobierno, es cierto que muchas cosas han cambiado en Honduras. Pero otras muchas no, y el asesinato de luchadores sociales como Juan es una de ellas.