“La reunión fue una iniciativa de CNTA que acompañamos y es una de las tantas medidas que estamos llevando adelante para tratar de frenar el cierre de plantas de la compañía cárnica en el país”, dijo a La Rel José Modelski Júnior, secretario general de la Contac.
El dirigente recordó la serie de audiencias públicas realizadas en los diferentes estados brasileños donde JBS opera, solicitando a los gobernantes la garantía de los empleos en las unidades de la transnacional.
“La reunión fue un paso más y muy importante porque el Ministerio de Trabajo servirá de nexo entre nosotros y la Procuraduría General de la República, el ente que firmó el acuerdo de condonación de multas con JBS que forma parte del acuerdo de delación y que consta de diversas cláusulas, pero ninguna referente a garantizar puestos de trabajo”, explicó Modelski.
Según informó el dirigente, ese acuerdo supone el pago de altas sumas para las arcas públicas, pero no está previsto que se destine ni un real a la conservación y mantenimiento de la producción de la compañía y por consiguiente a garantizar empleos en el sector.
“Otros aspecto preocupante es que comenzaron a darse varias demandas del Ministerio Público pidiendo el bloqueo de las cuentas de JBS, lo que en su momento hizo que la compañía cerrara 7 frigoríficos en Mato Grosso do Sul, porque no tenía activos para operar en ese estado”, destacó.
Para Modelski es importante que se entienda que los sindicatos no están defendiendo a la compañía ni a sus ejecutivos, sino que pide que las multas sean pagadas con fondos distintos a los utilizados en la operativa comercial de JBS.
“El bloqueo de los activos de la compañía tiene un trasfondo político porque las denuncias realizadas por los propietarios de la firma afectaron ni más ni menos que al actual presidente y varios de sus legisladores”, declaró.
Modelski recordó que tanto Contac como CNTA fueron férreas cuestionadoras de las políticas de gobiernos anteriores de ofrecer créditos ilimitados a la transnacional cárnica sin exigir una contrapartida social.
“Si hubiésemos sido escuchados en ese momento y el BNDES le hubiese exigido alguna cláusula de orden social a JBS, hoy en día tendríamos de dónde agarrarnos para poder paliar esta situación”.
El costo social de estas omisiones se ve reflejado en la situación que se vive en Morro Grande, Santa Catarina, donde la empresa cerró un frigorífico avícola, dejando en la calle a más de 700 trabajadores y se niega a vender la planta a una compañía china que está interesada en reactivar la producción en esa localidad.
“JBS siempre propició el monopolio de su producción, compró pequeños frigoríficos para cerrarlos luego y quedarse con toda la cadena productiva, desde la hacienda hasta los frigoríficos”, apuntó.
“Cuando cierra una planta en una localidad tan chica –continuó–, el impacto es letal porque por un empleo directo son seis indirectos, contando a los productores, transportistas y vendedores de materia prima para los animales. En Morro Grande, el frigorífico de JBS generaba el 60 por ciento de los activos, sin él la ciudad está muerta”, lamenta.
El dirigente evalúa que si el Ministerio de Trabajo cumple con la mediación de la reunión con la Procuraduría General y a esta se suman representantes del BNDES y del Banco Caixa Econômica, sería un avance fundamental para que plantee que entre todos exijan la responsabilidad social que les está faltando a JBS.
“Queremos que los involucrados exijan a esta compañía la contrapartida social de todo el crédito que se le dio para financiar sus operaciones tanto en Brasil como en el exterior. JBS no se puede negar a vender sus plantas como es el caso de Morro Grande y eso es algo en lo que el gobierno puede incidir”, finalizó.