De los 1.129.606 habitantes de la provincia de Chaco, 53.798 se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios.

La comunidad Napalpí reclamaba unas condiciones dignas de trabajo que les permitiesen alimentarse. A principios del siglo XX, reclamaban dejar atrás el trabajo forzado.

El 19 de julio de 1924, la policía chaqueña y grupos paramilitares de los estancieros reprimieron duramente las protestas de estos pueblos originarios.

Previamente, para evitar la pérdida de mano de obra, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, había prohibido a la comunidad de Napalpí salir de los terrenos como parte del sistema de sometimiento llamado “Reducción de Indios de Napalpí”.

La respuesta de la población fue migrar a las montañas cercanas. Una manera de hacer huelga.

La lucha por la propiedad es una constante que persiste a día de hoy.

Según investigadores como Guarino y Rey, “la existencia de la territorialidad indígena está amenazada por el avance de la soja y el desmonte ilegal sobre 500.000 hectáreas catastrales de bosque nativo protegidas por la Ley provincial 6409/09. A este panorama se agrega el estado de precariedad jurídica de los asentamientos”.

La Ley de ordenamiento territorial se actualizó en 2024 – aprobada por la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco en mayo- permitiendo el desmonte de más de un millón de hectáreas sin participación de comunidades indígenas ni organizaciones ecologistas, poniendo aún más en riesgo el derecho a la tierra.

En 1924, las fuerzas militares, buscando que la población saliese de los escondites en las montañas, arrojó comida desde el aire. En el momento que las personas salieron a recogerla, comenzó la matanza.

En 45 minutos 435 personas fueron asesinadas, siendo la primera vez en la historia argentina que se usó un avión para reprimir a la población civil. No se quiso dejar testigos, por lo que la persecución continuó por varios días.

Se intentó ocultar esta matanza, dotándola de distintos nombres y excusas. Los informes judiciales hablaban de Sublevación Indígena (expediente n. 910/24 en el juzgado de la ciudad de Resistencia).

Recién en 2008 comenzaron a conocerse testimonios de la masacre. Melitona Enrique es conocida como la mujer que vivió hasta contarlo. Su testimonio fue clave para el posterior juicio.

Ella tenía 23 años cuando sucedió. Al comenzar la matanza pudo esconderse y lo que más recordaba eran las palabras de su tío: “el silencio es tan importante como esconderse”.

Más de 80 años después de la masacre, gracias a su relato, en 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco investigó la masacre como crimen de lesa humanidad.

El juicio tuvo lugar recién en 2021, con el objetivo de buscar una reparación histórica para la población qom y moqoit.

El “Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí” -retransmitido en vivo por Youtube- en su sentencia emitida por el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia Chaco el 19 de mayo de 2022, dio por probados los hechos ocurridos en 1924 en Napalpí.

Diego Vigay, fiscal responsable, señaló que “la masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, fue un genocidio indígena planificado desde el Estado’’.

Se dictaron así una serie de medidas reparatorias. La masacre será recordada en las escuelas, se creará un sitio de memoria y un museo, así como un Archivo Digital y Reservorio de los documentos de investigación bajo responsabilidad del Instituto del Aborigen Chaqueño.

Un Plan de Políticas Públicas concretas de Reparación Histórica a los pueblos Qom y Moqoit será implementado, y el 19 de julio será celebrado como el Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí.

“Somos indígenas, pero nacimos en un territorio masacrado” por lo que, ante el silencio, “tuvimos que mantener la cultura en silencio para cuidarnos la vida entre todos”, dijo Viviana Notagay, qom, docente, madre y miembro de la comunidad Colonia.

Patricia Villalba, moqoit de La Tigra, Chaco, defiende que “no hay reparación histórica si no hay escuelas, calles como corresponde, un salón comunitario, agua potable”.

“Nuestros territorios se están extranjerizando, los pequeños productores están vendiendo sus tierras y arrasan nuestros recursos naturales”.

Muchos testimonios como estos quedaron recogidos en el libro La voz de la sangre, de Juan Chico y Mario Fernández, el primero de personas qom sobre la masacre de Napalpí.

Desde los centros universitarios, estas semanas se han estado organizando jornadas para “poder contribuir a la profundización de un debate urgente y necesario sobre la historia de nuestro país, la violencia contra los pueblos originarios, el genocidio y sus formas de continuidad en el presente”.

Diana Lenton, directora del proyecto UBACyT, concluyó las jornadas destacando que “la sentencia del juicio por la masacre se convirtió en el primero en el país en juzgar un genocidio indígena como crimen de lesa humanidad, reconociendo la responsabilidad del Estado nacional en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de los hechos”.

Esto mismo confirma Viviana. “Seguimos reclamando dignidad para nuestros pueblos, que el Estado reconozca a cada comunidad en el pleno derecho a acceder a la justicia”, dijo.

(Tomado de El Salto. Los intertítulos son de La Rel).