Esta norma es fundamental para garantizar la seguridad mínima para el sector de procesamiento de carnes y derivados que desde 2021 era objeto de intentos de “flexibilización” de parte del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro y los empresarios del sector.

La unidad en la acción de las organizaciones sindicales de la alimentación en Brasil, fue fundamental para impedir el desguace de la NR36, en particular la eliminación de las pausas en la jornada laboral, el corazón de la norma.

Sobre el proceso y la reciente aprobación de una versión que contiene esta norma hablamos con Silvana Battagliotti, técnica prevencionista y directora del departamento de salud y seguridad del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de Marília (STIAM), que tuvo una destacada intervención en la defensa de la NR36.

-¿Cómo evalúas tu participación en el proceso de revisión de la NR36?
-Participé por indicación del presidente de la Federación de Trabajadores de la Alimentación del Estado de Sao Paulo (Fetiasp), Antonio Vitor, del presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Alimentación (CNTA), Artur Bueno de Camargo, del presidente de mi sindicato, Wilson Vidotto Manzon y del presidente de la central sindical Força Sindical, Miguel Torres.

Todos ellos me recomendaron para que formara parte del grupo de trabajo técnico que analizó la revisión de la NR 36 y asesoró a la Comisión Tripartita Paritaria Permanente (CTPP).

El gobierno y los empresarios intentaron hacer una “armonización” de la NR 36 con otras normas, como la NR 1, NR 17, entre otras.

Lo que pretendían en realidad era reducir o eliminar las pausas térmicas; perjudicando a los trabajadores y trabajadoras del sector, ya que esta es una norma que tiene apenas 10 años y hay muchas empresas en el país que todavía no han implementado la NR 36 en su totalidad.

-¿Cómo describirías ese proceso?
-Fue un proceso arduo. Los empresarios y el gobierno pretendían actuar a las apuradas, en plena pandemia, cuando estábamos luchando por salvar vidas.

La NR 36 regula un sector muy significativo para Brasil, que emplea a ciento de miles de trabajadores y trabajadoras y que se mantuvo operativo durante la pandemia.

De hecho, el sector de frigoríficos obtuvo grandes ganancias durante la pandemia a costa de la muerte de muchos trabajadores.

Nos llevó más de dos años de lucha lograr lo que hoy quedó estipulado. Muchas organizaciones respaldaron esta lucha, como la Rel UITA y el Ministerio Público de Trabajo, y también investigadores como el doctor Roberto Ruiz, que además es director del Departamento de Salud Ocupacional de la Regional.

-En tu opinión ¿cuáles son los principales logros de la nueva versión de la NR36?
-La mejora en las condiciones de trabajo. La norma ahora exige que las empresas implementen medidas de control más rigurosas para reducir la exposición de los trabajadores a agentes físicos, químicos y biológicos.

La ergonomía ha ganado mayor destaque, con la obligatoriedad de evaluaciones regulares para ajustar las condiciones de trabajo a las necesidades de los trabajadores.

Hubo una ampliación en las exigencias de entrenamiento y capacitación de los trabajadores, con foco en prácticas seguras de trabajo y en el uso correcto de Equipos de Protección Individual (EPIs).

El reciclaje periódico de entrenamientos se ha vuelto obligatorio, garantizando que los trabajadores estén siempre actualizados sobre las mejores prácticas de seguridad.

Las empresas deben adoptar un enfoque más sistemático en la gestión de riesgos, con la implementación de programas de prevención de accidentes y de enfermedades ocupacionales basados en el análisis continuo de riesgos.

La norma establece la necesidad de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, integrando todas las acciones preventivas y correctivas.

La nueva redacción enfatiza la importancia de la participación activa de los trabajadores en la implementación y monitoreo de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

Se han creado comités de salud y seguridad en el trabajo en los que representantes de los trabajadores y de la empresa discuten y evalúan las condiciones de trabajo.

La fiscalización se ha intensificado, con la introducción de penalidades más severas para las empresas que no cumplan con las exigencias de la NR36.

Hay también un aumento en el número de inspecciones periódicas realizadas por auditores fiscales del trabajo, garantizando el cumplimiento de las normas.