El Proyecto Neptuno, sobre el Río de la Plata, en la zona de Arazatí, departamento de San José, asumido por el gobierno a partir de la propuesta del consorcio formado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, se propuso construir un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable para la capital y la zona metropolitana, complementario del actual.

OSE, el servicio estatal de agua potable, adjudicó al proyecto la extracción, la potabilización y el transporte del agua hasta Montevideo.

Viola de esta manera un artículo de la Constitución según el cual el suministro de agua potable debe ser prestado “exclusiva y directamente” por el Estado, y la ley de creación de un organismo regulador, la URSEA, que establece que la producción de agua potable incluye “la captación y tratamiento de agua cruda”.

El proyecto incluye además una reserva de agua bruta de 240 hectáreas y un depósito de lodos tóxicos de 42 hectáreas sobre tierras fértiles, comprometiendo la integridad de los suelos, las napas freáticas y el acuífero Raigón, así como las actividades de una región muy productiva.

Los investigadores científicos con mayor conocimiento de la red hídrica del país cuestionan la conveniencia del Neptuno tanto desde el ángulo ambiental como del de la soberanía nacional y plantean que la gestión del agua es una emergencia que requiere un análisis global de un equipo amplio de investigadores y técnicos.

Que el presidente de la República lo apoyara como la mayor inversión de los últimos 150 años en esa área, generó presiones desde el gobierno y los empresarios para apurar las autorizaciones e hizo que se utilizaran las mayorías partidarias para sortear las instancias de decisión, pasando por encima incluso de las normas vigentes.

En diciembre de 2022, la Federación de Funcionarios de OSE interpuso un recurso contra la aprobación por el directorio del ente del proyecto y de la licitación internacional para adjudicar las obras, considerándola ilegítima y nula por perjudicar y lesionar derechos fundamentales de la población.

Este recurso se tramita aún ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y se encuentra en etapa de diligenciamiento de pruebas.

En agosto de 2023, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y la organización social Tucu-Tucu, del departamento de San José, patrocinados por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, solicitaron en la Justicia una medida cautelar para suspender la ejecución del proyecto hasta tanto se garantice el cumplimiento de Constitución y de las leyes de preservación ambiental.

Con anterioridad al juicio, el Tribunal de Apelaciones reconoció la legitimidad de la CNDAV y el grupo Tucu-Tucu para presentarse en la Justicia.

Anteriormente, la OSE les había negado ese derecho y archivó el expediente sin llegar a tratar la cuestión de fondo.

El juez Alejandro Recarey convocó a una audiencia el 21 de junio con los demandantes, OSE y los ministerios de Salud y de Ambiente.

La audiencia tuvo momentos álgidos, por la recusación al magistrado por el Ministerio de Salud Pública y la pretensión del consorcio de intervenir como parte.

El 24 de junio, Recarey decidió aceptar la medida cautelar solicitada y ordenó a la OSE que no suscriba el contrato con Aguas de Montevideo mientras no haya resolución judicial expresa en contrario.

Los representantes del gobierno alegaron que la Justicia no está facultada para tomar esa decisión y que solo el Ministerio de Ambiente estaría habilitado para considerar y autorizar proyectos de esta índole.

Dicen también que hasta que Neptuno no sea realidad, es decir, que esté construido y funcionando, no se podrían verificar ni cuestionar sus impactos ambientales y sociales.

La sentencia de Recarey no tiene precedentes. Es la primera vez que un juez asume en forma explícita, y ejerce, sus facultades para examinar, no solo la constitucionalidad de los actos, sino la sujeción a la normativa ambiental de otros poderes del Estado.

Conocido el fallo, el presidente de OSE, Raúl Montero, reiteró su defensa del proyecto como “fundamental” para el país. “El juez Recarey es una vergüenza para la República”, dijo el senador del Partido Nacional Sergio Botana, tras conocer la decisión judicial.

OSE y los ministerios anunciaron que apelarían la sentencia inmediatamente después de ser dictada.

El Tribunal de Apelaciones rechazó la recusación del juez, por lo que Recarey seguirá a cargo del caso y la medida cautelar seguirá vigente mientras no haya resolución en contrario en la apelación planteada por los representantes del gobierno.