Marijuan investiga desde 2019 aberraciones de que ha sido objeto esa minoría —una de las más perseguidas en todo el planeta—, entre ellas masacres, violaciones colectivas de niños y niñas y quema intencional de aldeas.

La demanda le fue presentada por Maung Tun Khin a nombre de la ONG birmana que preside, Burnese Rohingya Organization, Maung Tun Khin, debió huir de su país junto a su familia en 1990.

Además del general golpista Htin Kyaw, que gobernó al frente de una junta militar entre 2016 y 2018, el fiscal argentino pidió la detención de 24 funcionarios civiles, policías y militares.

Marijuan recabó el testimonio de varias víctimas birmanas y también de un ex militar desertor del ejército y exiliado en Suiza. El ex oficial detalló los crímenes y cómo eran ejecutados, además de brindar datos sobre cómo estaban estructuradas las fuerzas armadas.

La jurisdicción universal habilita a cualquier magistrado a perseguir delitos de lesa humanidad o genocidio cometidos en el extranjero.

En esos principios se ha basado, por ejemplo, la justicia italiana para castigar a militares y civiles latinoamericanos por desapariciones, asesinatos, secuestros y torturas ocurridos en décadas pasadas en el marco del Plan Cóndor de cooperación entre las dictaduras.

Años atrás la jueza argentina María Servini pidió la captura de militares y policías españolas involucrados en crímenes de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). En España se conoció esa causa como la “querella argentina”.

La propia Servini decidirá ahora si dar curso al pedido del fiscal. Si lo hace, librará órdenes de captura internacionales contra los acusados.

Alrededor de un millón de rohingyas, una minoría étnica mayoritariamente musulmana, vivían en Myanmar hasta 2018. Las matanzas y los crímenes de que fueron objeto los obligaron a huir masivamente hacia Bangladesh.

El éxodo involucró a más de 720.000 personas, que hoy viven en su mayoría hacinadas en campamentos, entre ellos el de Kutupalong, considerado el más grande del mundo, segregados, marginados y discriminados del resto de la población.

Naciones Unidas ha documentado y denunciado en distintas instancias “acciones gubernamentales y militares de vulneración de derechos humanos generalizadas y sistemáticas” en Birmania, así como la “opresión sistémica y persecución de los rohingya”.