La democracia languidece en la Argentina. La situación de los detenidos y detenidas por manifestarse, y las gravísimas y arbitrarias imputaciones que se les hacen, es propia de regímenes autoritarios.

Se está instalando un estado de excepción, donde los derechos constitucionales más básicos son suspendidos.

Pero la democracia no se suicida si no la ayudan. Con el proyecto de Ley de Bases, la derecha y la centroderecha entregaron el país en bandeja a la extrema derecha, que sólo contaba con siete votos propios en el Senado.

Ahora, con dicha “ley de leyes” casi aprobada, se vienen en la Argentina tiempos aún más ominosos, más represión, más autoritarismo, menos derechos, más destrucción del Estado.

Por la arbitrariedad de las detenciones realizadas en la manifestación del pasado miércoles 12 de junio, queda de manifiesto que las mismas forman parte de una estrategia de persecución política y un ataque deliberado a la libertad de expresión y el derecho de protesta.

El pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli enumera las circunstancias que lo justificarían genéricamente y de modo tendencioso pues expresa ya una condena política.

Las normas exigen que debería describirse persona por persona y con detalle —esto es, haciendo referencia a pruebas concretas— las razones para privar de libertad a un ciudadano.

Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y de modo sesgado, sin distinguir casos ni precisar prueba.

Salta a la vista que la Justicia no está actuando en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a la presión política del gobierno.

Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, de modo antidemocrático.

El Ministerio de Seguridad Nacional, que dio la orden de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal (“Oficina del Presidente” sólo existente en la red social X).

Durante las primeras veinticuatro horas después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos.

La represión, en sintonía con el accionar de infiltrados en la marcha, comenzó alrededor de las 15-16 horas.

No es casual: el plan de Patricia Bullrich era generar imágenes a través de los medios oficialistas (La Nación, TN y redes sociales amplificadas por Infobae) para romper la nutrida manifestación y provocar el temor y la inacción de los “sueltos” que pretendían acercarse a manifestar a la plaza Congreso luego de terminada la jornada laboral.

Y lo lograron, ya que a las 18, como consecuencia de la brutal represión, la plaza había quedado casi vacía, a pesar que restaban varias horas aún de debate parlamentario.

La Banelco del siglo XXI tuvo una nueva vuelta de tuerca en la decidida tarea de cambiar favores por votos: el nombramiento como embajadora de la Unesco en París para la Senadora Lucila Crexell de Neuquén, que dio su voto positivo a la Ley Bases, contradiciendo su accionar hasta ese momento.

Miembro de la oligarquía —política y económica— de Neuquén, Lucía Crexell Sapag se lució el día de la sesión con una imponente cartera de 2.000 dólares en un Senado que la conoce por su pasión por los viajes al exterior.

Foto: Leandro Godoy

Hija de Luz Sapag, forma parte del clan político del poder neuquino y del emporio empresarial Crexell, representante de una burguesía local que se enriquece gracias a la actividad petrolera de Vaca Muerta.

Es que Vaca Muerta es un gran negocio para un pequeño grupo de proveedores provinciales, que casi siempre caen en manos de la clase política-empresarial local, los que monopolizan millonarios contratos de transporte, hoteles, comidas, etc.

Un patrón que se repite en otras provincias, en relación, por ejemplo, con los servicios mineros.

Además, pese a su discurso anticasta, la extrema derecha naturalizó la corrupción de modo acelerado.

El diputado nacional del oficialismo Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo, MID) reconoció que a la senadora Crexell le dieron una embajada a cambio de su voto, pero alegó “consensos y acuerdos”, confundiendo torpe y malintencionadamente debate político con lo que es lisa y llanamente el delito de dádivas.

A esto se suma al caso de los siempre resbaladizos senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), elegidos con la boleta del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria), que garantizaron con su voto la aprobación de la ley a cambio de favores personales, lo cual se va revelando con el correr de los días.

Otro caso, que pasó más inadvertido, es el de la senadora peronista Carolina Moises (Jujuy), que votó en contra en general pero a favor en particular en el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Para explicar lo sucedido no habrá que apelar a las ciencias políticas o la sociología, sino más bien al Derecho Penal. Hubo claramente compras de voluntades; hubo dádivas que están tipificadas en el Código Penal.

Volviendo a los detenidos, ninguno de ellos es responsable de haber prendido fuego a un auto. Los que sí lo hicieron están filmados, retratados y continúan libres.

Ninguno de los detenidos tiene siquiera una fotografía participando de hechos de violencia. No las hay ni las habrá porque se lanzó una cacería a manifestantes de modo arbitrario, con un plan preconcebido de represión y criminalización.

Entre los que siguen detenidos —en prisiones de máxima seguridad— hay tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, Camila Juárez (de sociología), Nicolás Mayorga (de relaciones internacionales) y Sasha Lyardet (de comunicación), quienes estaban retirándose, lejos del Congreso.

Lucía Belén Puglia, estudiante de letras de Letras de la Universidad de Hurlingham, Juan Spinetto, ambientalista, y Maria de la Paz Cerruti, profesora de Historia (detenida cruzando la calle, está filmada), solo por haber ejercido el derecho a manifestarse.

Foto: Leandro Godoy

Buscan disciplinar a las clases medias, y especialmente a aquellos que representan lo que el propio presidente Javier Milei —junto con uno de sus asesores estrella, el ultraderechista Agustín Laje— consideran como expresión del “marxismo cultural”.

La represión y las detenciones forman parte así de la llamada “batalla cultural” que el gobierno de extrema derecha lleva a cabo en contra de la educación pública, la ciencia pública y la cultura, a las que viene demonizando y acusando en múltiples oportunidades de “adoctrinar”.

Muy particularmente, las ciencias sociales y humanas, los ambientalismos y feminismos, están en la mira de esta campaña de amedrentamiento, que ahora ha pasado a la acción concreta de los palos y el disciplinamiento.

Uno de los casos que conocemos personalmente es el de Juan Ignacio Spinetto, ambientalista, docente y abogado. Fue detenido en San Telmo, a cinco cuadras de su casa. Cualquiera que lo conoce a Juan sabe que es alguien muy pacífico, un encanto de persona, incapaz de generar violencia por más mínima que sea.

Mientras tanto, pasó desapercibida la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), que permite blindar a los territorios del extractivismo de cualquier resistencia social.

El gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que habilita así el despliegue de fuerzas federales en las provincias.

Esta dispone “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” y “brindar” “la seguridad que demandan las situaciones enunciadas” .

Más claro: Bullrich blindará Vaca Muerta y las zonas con litio con fuerzas federales. En sintonía con el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río).

Estos primeros siete meses del gobierno de Milei nos han instalado de modo acelerado en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas.

Todos los días hay una nueva noticia o un hecho político —o incluso mucho más de uno—, todos ellos empeorando la noticia o el hecho político del día anterior.

Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora.

Más que nunca, no hay que bajar los brazos ni ceder al disciplinamiento social y político. Hay que defender la democracia argentina, esa que logramos con la lucha de tantas mujeres valientes defensoras de los derechos humanos que hace poco nos dejaron, como la gran Norita Cortiñas.

No basta con pensar que en un futuro —ojalá próximo— nos avergonzaremos como sociedad de todo lo sucedido y cedido en este período funesto.

La regresión política es hiperbólica, desmesurada, vertiginosa, pero no por ello irreversible. La historia, nuestra historia pletórica de luchas y resistencias justas, nos lo ha demostrado con creces.

Es hora de apelar a la imaginación política, así como a la solidaridad nacional —y también internacional—, para lograr desactivar este cuadro político y social demencial y antidemocrático en el que nos ha sumergido el gobierno actual.

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