Julio está intentando desde varios años que se lo repare por los graves daños a la salud que le provocó la exposición constante a agrotóxicos que debió soportar durante los 384 días que trabajó para Arrozal 33, una empresa que oficia como mandamás (es casi la única fuente de trabajo) en una localidad del departamento de Treinta y Tres enteramente dedicada a la producción del cereal.

La empresa incumplía gravemente con sus obligaciones legales de prevención y seguridad laboral.

En el lapso que laboró para la compañía -en cuyos predios también vivía, como muchos otros trabajadores- De los Santos debió manipular bidones repletos de residuos de agrotóxicos, entre ellos glifosato, sin la protección adecuada.

Pasó incluso una jornada entera empapado en un líquido viscoso y maloliente sin que se le permitiera cambiarse de ropa.

Al cabo de un tiempo, como no podía ser de otra manera, enfermó, y fue paulatinamente empeorando, ante la total indiferencia de los directivos de Arrozal 33.

Finalmente se decidió por iniciar una demanda judicial contra esta empresa a la que la prensa ligada a los poderes económicos califica de “icono productivo del Uruguay” y perteneciente a un sector que cuenta con los favores del presidente Luis Lacalle Pou.

Cuando inició su demanda, Julio ya dependía de un respirador y ya estaba tomando infinidad de medicamentos diarios.

Durante el juicio, el Banco de Previsión Social llegó a dictaminar incluso que su incapacidad era absoluta, estableciendo un baremo de casi el 90 por ciento, lo cual le impide volver a trabajar por el resto de su vida. Apenas supera la cincuentena.

Tras tres años de accidentadas batallas en los estrados, en 2021 su abogado Santiago Mirande logró un milagro: que una jueza condenara a Arrozal 33 a pagarle a Julio unos 220.000 dólares por “daño moral”, “daños emergentes” y “lucro cesante” debido a una exposición probada por peritos a “factores contaminantes de naturaleza agroquímica o biológica”.

Era un fallo histórico para la justicia uruguaya, el primero en que se indemnizaba a un trabajador rural por contaminación por agrotóxicos.

Pero poco duró la alegría, porque un par de meses más tarde, con llamativa celeridad, un tribunal de apelaciones revocó la decisión anterior y les devolvió la sonrisa a los empresarios.

Valorando solo las pruebas presentadas por la compañía y descartando por ende peritajes médicos independientes, el fallo en segunda instancia es un compendio de arbitrariedades y de errores de procedimiento.

Peor aún: fue convalidado, a fines de 2022, por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En palabras del abogado: “Es muy grave la señal que da el ámbito mayor de justicia uruguayo. Desatendió los tres peritajes médicos. Entonces, ¿vale más la opinión médica de un juez que la de un médico?”.

Mirande también destaca que la sentencia padece de errores en aplicación de normas procesales y, en definitiva, quita garantías y previsibilidad a todos los ciudadanos. “En pocas palabras, una decisión propia de una Corte medieval”.

“La Suprema Corte de la factoría alimentaria”, tituló entonces La Rel, que ha venido siguiendo este caso paso a paso por sus implicancias globales para los trabajadores y las trabajadoras rurales.

Con los caminos cerrados en Uruguay, Mirande se presentó ante la CIDH.

“No todas las denuncias son aceptadas por la Comisión. Y muchas veces, cuando los estados acusados contestan, el organismo admite sus argumentos y archiva los casos. En este, eso no ha sucedido por ahora”, dijo Mirande a La Rel.

El abogado tiene esperanzas de que la CIDH, que ha mostrado preocupación por la situación de muchos trabajadores rurales latinoamericanos víctimas de situaciones análogas a la de De los Santos, acabe decidiendo elevar el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Para eso todavía falta, pero la rapidez con que la Comisión ha avanzado en esta ocasión (cuando le llegó el caso de Julio, en febrero de 2023, estaba todavía examinando demandas de 2014) le dan mucha confianza sobre el actuar de la Comisión.

Mientras tanto, Silvia, la pareja de De los Santos, está presentando síntomas similares a los de su marido.

Se sabe también de otros trabajadores contaminados en la propia Arrozal 33. Pero no se animan a denunciar su situación.

Tienen miedo, y están esperando a ver qué sucede con el caso de Julio para ver qué hacen.

De ahí también la importancia de este proceso, subrayó Mirande. Para que el miedo, por una vez, cambie de bando.

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