Según el informe «La prevención de los femicidios: obligación de los Estados y reto persistente en la región», presentado en noviembre de 2023 por la CEPAL, Uruguay ocupa el triste tercer puesto en el número de femicidios según cifras de 2022.

De los 19 países y territorios de América Latina que informaron el número de femicidios de mujeres por razón de género ese año, Uruguay se encuentra entre aquellos con tasas más altas: 1,6 casos por cada 100.000 mujeres, siendo superado apenas por Honduras y República Dominicana.

Información elaborada por el Departamento de Información y Análisis Estratégico de la Dirección Nacional de Políticas de Género en Uruguay reveló que el año pasado se registraron 43.245 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, lo que significa que, en promedio, hubo poco más de 118 denuncias por día.

La cifra representa un incremento respecto de 2022, año en el que hubo 41.207, y de 2021, cuando la cartera recibió un total de 39.822. La gran mayoría de las víctimas denunciantes son mujeres (72 por ciento), mientras que la mayor parte de los indagados son varones (75 por ciento).

También en noviembre del pasado año el Ministerio del Interior informó que recibió una denuncia por violencia de género cada 12 minutos en los primeros diez meses de 2023.

Señaló además que se registraron 19 femicidios y 13 tentativas durante el mismo período, lo que significa que cada diez días se mató o se intentó matar a una mujer por razones de género.

Volviendo al informe de la CEPAL, este mostró que, en el período de 2019-2022, Uruguay no logró reducir significativamente sus tasas de femicidio, al igual que otros países de la región, como Paraguay, Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Chile, México y Argentina.

Entre un 50 y un 75 por ciento de los femicidios involucran a la pareja, expareja o algún familiar directo como victimario.

En cuanto a la edad de las víctimas, más del 70 por ciento de las mujeres asesinadas en Uruguay tenían entre 15 y 44 años.

De ese 70 por ciento, 4 tenían menos de 15 años. Las niñas son al menos el 10 por ciento del total.

En el libro Femicidios en Uruguay. Riesgos, escalas y procesos, Lena Fontela y Silvana Darré concluyen que en la mayoría de los casos de femicidios que estudiaron para su investigación, al menos alguien conocía la situación de violencia que vivía la víctima, ya sea algún familiar, los servicios de salud, comunidad, servicios de atención, entre otros.

Estos alarmantes datos reflejan un problema persistente que requiere una acción inmediata y efectiva por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Más allá de la responsabilidad del Estado, las investigadoras remarcaron que la comunidad debe contribuir a la lucha contra la violencia de género.

“Las políticas públicas no son un asunto exclusivamente de las instituciones gubernamentales. En los estados democráticos, la participación de la sociedad civil es clave para gravitar en los temas que importan”, señalaron en declaraciones a la revista Caras y Caretas.

Para ambas académicas, “falta mucho trabajo también en el ámbito comunitario y en la institucionalidad en general si se quiere avanzar en la construcción de estrategias efectivas que permitan comprender que la violencia de género es una violación grave a los derechos humanos”.

Los sindicatos y federaciones, en tanto organizaciones sociales, deberían ser espacios donde debatir y reflexionar sobre la violencia basada en género, donde las agendas incluyan formación permanente en ese sentido y donde el abordaje promueva una verdadera inclusión que disminuya la inequidad, una de las causas directas de esa violencia.