En los días y semanas previos ya había liquidado instituciones estatales vinculadas con el área de los derechos humanos, la información, la ciencia y la tecnología, la mujer, los discapacitados, la cultura, el saneamiento, la administración de puertos.

Inútiles, ineficaces, despilfarradoras de recursos públicos, pura basura las habían calificado los colaboradores más directos del presidente “libertario”. Por lo general falseando cifras e inventando déficits inexistentes.

Cientos, miles de personas quedaron y quedarán en la calle, “y millones de argentinos y argentinas de sectores sociales desfavorecidos se verán privados de la protección que estos institutos les daban”, denunció esta semana Daniel Catalano, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Como en los casos anteriores, los trabajadores y las trabajadoras del INAFCI se enteraron que ya no tendrían empleo por declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni. A ellos nadie les comunicó nada.

La mayoría de los afectados, además, no van a ser indemnizados, porque buena parte de los 900 integrantes del personal tenían contratos precarios.

“Es el modus operandi de un gobierno que maltrata y violenta a los trabajadores”, señaló el sindicato que agrupa al personal del INAFCI en la provincia de Catamarca, una de las que más contaba con el instituto para generar políticas públicas de apoyo a la agricultura familiar.

En provincias como esta y otras del interior pobre de Argentina, “la agricultura familiar, campesina o indígena tiene un impacto directo en la gente, ya que una familia que produce mejora su economía doméstica”, comentaron técnicos del INAFCI citados por el diario Página 12.

La agricultura familiar puede representar allí el 50 por ciento o más de “los ingresos totales de quienes viven en las comunidades rurales o periurbanas. Además, están los aportes en términos de salud, porque producen alimentos sanos y agroecológicos”.

En Catamarca, el INAFCI ofrecía asistencia integral a unos 18 mil Núcleos de Agricultura Familiar, apuntando a “fortalecer el tejido comunitario”. “Lo productivo desde una dinámica social”, dijeron los técnicos.

“Somos la única política pública destinada a ese sector. A través de nosotros, como ejecutores de esa política pública, los nodos accedían a financiamiento y asistencia técnica a la que de otra manera no les era posible acceder”, remarcaron.

Y enumeraron algunos de sus aportes: “acompañamos en todo el país la producción de alimentos, la producción agroecológica, a mujeres rurales campesinas e indígenas, el acceso al agua y en las comunidades rurales, el acceso a la tecnología, el desarrollo de circuitos de comercialización sin intermediarios y sin explotación”.

La agricultura familiar tiene rasgos que es comprensible que un gobierno como el de Milei vea con recelo, porque está en las antípodas del modelo que los ultraliberales impulsan.

“No es solo productiva”, coinciden los técnicos consultados por Página 12 y sindicalistas del INAFCI. “Se siembran frutales, se elaboran dulces, se crían cabras, se elaboran quesos, y en la población se discute la agroecología y desde ahí sale la garantía de la comida de los argentinos”.

Según Miguel Gómez, un ex director del instituto, más del 60 por ciento de los alimentos consumidos en Argentina son producidos por agricultores familiares.

Es sintomático que unos días antes de la decisión de eliminar el INAFCI el gobierno decidiera liberar la importación de alimentos, con el pretexto de combatir la inflación.

El gremio del instituto confía en ganarle, a la larga, la pulseada al Ejecutivo. En 2020, otro gobierno liberal, el de Mauricio Macri, ya había intentado desmantelar el INAFCI, despidiendo funcionarios y acentuando la precarización laboral de los restantes.

“La lucha sindical hizo que pudiéramos reponer a muchos de nuestros compañeros y que el instituto sobreviviera”, dijeron. “A Milei no vamos a darle el gusto”, afirmaron.

Pero la ofensiva del actual Ejecutivo es inédita en tiempos recientes, por su violencia y concentración. “Los sindicatos tendremos que estar a la altura”, habían coincidido gremialistas de distintas centrales en la última gran movilización social contra el gobierno, a fines de enero.