Entre los investigados figuran 26 exagentes del Centro de Operaciones de Defensa Interna (Doi-Codi), el mayor centro de tortura en los años 70, ubicado en São Paulo.

El resto de los acusados pertenecían al Instituto de Medicina Legal, que según argumenta la Fiscalía, actuaban para ocultar las verdaderas causas de las muertes de los detenidos. De los agentes denunciados, 25 ya fallecieron.

El Ministerio Público acusó a los denunciados por su participación en actos de secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada. También por ocultar las verdaderas circunstancias de muerte de 19 personas, entre los que se encuentran opositores políticos y dos periodistas.

La denuncia, presentada a dos semanas del 60 aniversario del golpe de Estado, solicita que los 42 acusados sean condenados a pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas por sus “prácticas ilegales”.

Además, la Fiscalía incluyó en la lista de denunciados al Estado brasileño y al de São Paulo por su omisión “en la tarea de investigar y responsabilizar exagentes del sistema de represión”.

A pesar de que en Brasil se aprobó una Ley de Amnistía en 1979 que liberó de responsabilidad penal a los militares y torturadores, la Fiscalía argumenta que estos actos de tortura, cometidos de manera “sistemática”, son considerados “crímenes contra la humanidad” a los cuales no se aplica prescripción ni amnistía.

Según afirmó la fiscal federal autora de la demanda, Ana Letícia Absy, “la amnistía brasileña es un ejemplo típico de autoamnistía, creada precisamente para beneficiar a quienes están en el poder”, algo que según afirma está “claramente rechazado por el derecho internacional”.