La noche del 6 de febrero de 2021, la joven estudiante de enfermería había sido arrestada y encerrada en una celda de la Unidad Departamental de la Policía de La Esperanza, supuestamente por violar el toque de queda impuesto como medida de prevención contra la pandemia.

La madrugada del 7 de febrero, el cuerpo sin vida de Keyla Martínez era ingresado a emergencia del hospital departamental de Intibucá. Según la Policía, la joven se había suicidado colgándose de los barrotes de la celda.

Dicha versión fue desestimada por el resultado de la autopsia, que reflejó que su muerte fue por asfixia mecánica, es decir que fue asesinada.

En septiembre de 2022 inició el juicio oral y público contra el policía Jarol Rolando Perdomo, quien fue acusado del asesinato de Keyla.

Ninguna de las otras trece personas, entre oficiales y policías, que aquella noche se encontraban en la posta policial, fue investigada.

Después de año y medio y un largo receso impuesto por el juez, el tribunal encontró a Jarol Rolando Perdomo culpable del delito de homicidio imprudencial, y no de femicidio agravado como solicitaba la parte acusadora.

La sentencia se fundamentó en la decisión de la Corte de Apelaciones de Comayagua de modificar la tipificación del delito de femicidio agravado (pena de 25 a 30 años) a homicidio simple (15 a 20 años).

En su momento, la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), lamentó dicha decisión.

“El tribunal absolvió a Perdomo por delito de homicidio simple y lo condenó por homicidio imprudencial. Esto significa que para el tribunal no asesinó a Keyla, sino que omitió cuidarla, faltando a sus deberes”, dijo a La Rel.

“Prácticamente está avalando la idea de que Keyla se suicidó y que el dictamen forense no estableció con exactitud la causa de la muerte, lo cual no corresponde a verdad”, agregó la abogada.

La pena de cinco años impuesta ahora por el tribunal alimenta la imagen de un sistema de justicia inicuo, que alimenta la impunidad en el país.

“Vivimos una situación de impotencia e indignación. Mi hija era un ser humano que merecía respeto. Lo que están haciendo con esta sentencia es condecorar a un asesino”, dijo a medios nacionales Norma Rodríguez, madre de Keyla.

“Es una burla —continuó Rodríguez— no sólo para la familia, sino para el pueblo hondureño que debe soportar un sistema judicial podrido”, agregó

Para Cofadeh, constituido en acusación privada, la sentencia no está apegada a derecho y la pena totalmente alejada de la realidad.

En este sentido, la organización de derechos humanos ya hizo saber que presentará un recurso de casación.

Con esta medida, Cofadeh “espera revertir la sentencia y lograr una condena por el delito de femicidio agravado, ya que se cometió contra una mujer que se encontraba sometida, en custodia policial, sola en una celda, en total vulnerabilidad», señala una nota de Defensores en Línea.

“La policía pensó que, enterrada Keyla, iba a terminar todo. Seguimos peleando por la verdad y la justicia y para que los asesinos paguen con cárcel por lo que le hicieron«, concluyó la mamá de Keyla.