A principios de enero la empresa PedidosYa resolvió despedir a 251 trabajadores. Según adujeron desde la empresa, la decisión respondió a la necesidad de un cambio en la estrategia de atención al cliente.

La intempestiva decisión generó sorpresa en los trabajadores, debido a que no existió un aviso previo que permitiera una solución alternativa. Sobre todo, dadas las cuantiosas exoneraciones fiscales a las que había accedido la empresa poco tiempo antes: 2,3 millones de dólares por renuncia fiscal.

La exoneración implicaba —como contrapartida— la generación de nuevos puestos de trabajo, según resolución de mayo de 2022 del Ministerio de Economía y Finanzas.

En una reunión tripartita la firma se comprometió al pago de las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores, pero se mantuvo en una posición inamovible en cuanto a los despidos.

Ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, el pasado jueves 8, el Sindicato de PedidosYa afirmó que la empresa tercerizada —encargada a partir de ahora de la tarea de los 251 empleados— no estaba incorporando a los trabajadores despedidos, incumpliendo lo acordado.

La normativa en la cual se amparó PedidosYa para acceder a las millonarias exoneraciones es el denominado régimen de promoción de inversiones, un instrumento creado con el objetivo de promover proyectos de inversión mediante diversos beneficios fiscales.

La ampliación de las actividades comprendidas en el régimen, la reducción de las exigencias en lo que refiere al cumplimiento con los indicadores comprometidos y el aumento en el monto de las exoneraciones derivaron en un crecimiento significativo de los proyectos presentados y promovidos a lo largo de los años.

Así, mientras que en 2007 la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), encargada de evaluar los proyectos presentados, recomendó la promoción de 74 iniciativas por una exoneración total de 485 millones de dólares, en 2022 los proyectos recomendados fueron 708 por unos 1.194 millones de dólares.

“PedidosYa fue auspiciada y apoyada por la sociedad uruguaya, a través de mucho dinero para que se instale, y que eso signifique trabajo de calidad (…) Creemos que se abre un proceso de reflexión sobre cómo utilizar bien las herramientas para promover el trabajo”.

Esa reflexión, del presidente del secretariado de la central sindical PIT CNT Marcelo Abdala, semanas atrás, va en línea con las dudas de algunos especialistas en la materia.

En una nota del semanario Brecha, el economista Fernando Isabella planteó que, si bien el sistema ha sido efectivo en varios aspectos, su formulación fue pensada para un momento específico del país. Pero dadas las actuales condiciones, la normativa ameritaría una revisión.

“Uno se puede cuestionar si no sería razonable que el Estado defina algunas áreas estratégicas y deje de exonerar otras que generan poco desarrollo para el país o cuyas inversiones se hubieran realizado de igual manera sin su promoción”, sostuvo Isabella.

Y ejemplificó con el caso de estudios contables que “ponían un sistema solar para calentar el agua y accedían a exoneraciones porque lo pasaban por el indicador de producción más limpia”. Y concluyó: “parece razonable que se les pueda exigir que tengan un potencial de desarrollo real”.

Los proyectos presentados por las empresas son evaluados inicialmente y controlados posteriormente por la Comap. Así y todo, se han identificado debilidades que afectan los tiempos de las evaluaciones iniciales y el seguimiento posterior de los proyectos aprobados.

Un informe de la Auditoría Interna de la Nación de noviembre del año pasado analizó el proceso de valoración técnica y seguimiento que realiza la Dirección Nacional de Industria del Ministerio de Industria, de los proyectos presentados ante la Comap.

El informe concluyó que “el ministerio tiene una demora de dos años para dar inicio al proceso de valoración técnica de los proyectos que les envía la Comap”.

Entre otros hallazgos, la auditoría también determinó la existencia de riesgos de “falta de objetividad en la asignación de beneficios”.

Según dijo Valentina Arlegui, delegada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la Comap, esa cartera no realiza el seguimiento de que las empresas efectivamente contraten al personal por el cual accedieron a los beneficios fiscales.

Y destacó igualmente que el MTSS tampoco cuenta con información actualizada de la cantidad total de empleos que se generan a partir de las exoneraciones fiscales.