First Quantum Minerals es una transnacional con sede en Vancouver que explota yacimientos de oro, cobre, cobalto y otros minerales en África, América Latina, algunos países europeos, Australia y Turquía.

Lo suyo es fundamentalmente el cobre, del cual extrae alrededor del 80 por ciento de sus ingresos.

Una mina de cobre que posee en la provincia de Colón, en Panamá, le está dando a Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum, mucho más que un dolor de cabeza.

El contrato que la empresa canadiense firmó entre gallos y medianoche con el gobierno de Laurentino Cortizo está siendo rechazado en las calles por decenas de miles de panameños que denuncian las condiciones abusivas que impone y los peligros que representa el proyecto para las comunidades locales y el medio ambiente.

Otras mineras canadienses han sido denunciadas ante Naciones Unidas por “mala conducta corporativa” en la implementación de cerca de 40 proyectos en nueve países de América Latina y el Caribe.

La denuncia fue presentada por más de 50 organizaciones sociales latinoamericanas en el marco de una iniciativa que apunta a “desenmascarar” el papel de las empresas y del gobierno canadiense en violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente en esos países, según Amazon Watch, que impulsó la iniciativa.

La demanda menciona a 16 mineras canadienses y también a bancos de ese origen, como financiadores de los 37 proyectos, y al gobierno del país norteamericano, como promotor de una política de “diplomacia económica” que incluye el apoyo a los planes de las corporaciones.

Uno de los informes elevados a la ONU por estas organizaciones sociales y representaciones de comunidades indígenas tiene que ver con la acción de las transnacionales en los territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

En esos cuatro países, que representan el 85 por ciento de la Amazonia, la región con mayor biodiversidad del planeta, dice el documento, las mineras canadienses desarrollan proyectos que contribuyen a la depredación de los bosques tropicales, degradan recursos como el agua y afectan en sus derechos sociales y económicos a al menos 16 comunidades nativas.

“El caso de mi región, Volta Grande do Xingu”, dijo ante Naciones Unidas Lorena Curuaia, vicepresidenta la comunidad Iawá, “es un claro ejemplo de los impactos nocivos de la minería en los ecosistemas, las comunidades indígenas y los derechos humanos”.

“La minera canadiense Belo Sun −agregó− está buscando construir la mina de oro a cielo abierto más grande junto a la tercera represa hidroeléctrica más grande del mundo, que impacta nuestras tierras y vidas desde hace años”.

Los demandantes reclaman que se obligue a Canadá a “aprobar una Ley de Debida Diligencia Ambiental y de Derechos Humanos integral y obligatoria, consistente con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Un nuevo flanco abierto para un país que ha estado jugando en los últimos años un papel nada despreciable en la fiebre belicista que se expande por Occidente, bastante poco respetuosa, a decir verdad, de cualquier “estándar de derechos humanos” o principio de protección ambiental.