Desde julio último arreciaron las manifestaciones contra el gobierno ante su tentativa de prorrogar el contrato con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
Gerardo Iglesias
25 | 10 | 2023
Fotos: Marcos LLorente
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció el 1 julio a la Asamblea Nacional con bombos y platillos la firma de un nuevo contrato con Minera Panamá. “Hemos logrado un acuerdo justo”, dijo.
Como bien manifestó Alejandro Jhon, secretario general de la FUCLAT, “un acuerdo justo”, para Cortizo, es permitir a la “First Quantum Minerals seguir haciendo de las suyas perpetuamente”.
El movimiento estudiantil, pueblos originarios, sectores del movimiento obrero (sectores, porque no todos entienden lo que está en juego o no les importa) y grupos ambientalistas hicieron sentir su descontento y rechazo al contrato minero entre la citada transnacional y el Estado panameño.
A fines de setiembre la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional decidió archivar el debate sobre el contrato entre Minera Panamá y el Estado.
Como la mano venía torcida, Minera Panamá incrementó su arsenal mediático y de cabildeo. La respuesta del Congreso no se hizo esperar, y el viernes 20 aprobó la ley 406 que habilita la explotación minera.
Esa misma noche, con prisa y sin pausa, haciendo alarde de una velocidad supersónica, Presidencia de la República la sancionó.
Cabe recordar que en 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de explotación original. ¡Nada importa!
En Panamá la indignación no se oculta, ni perdona. “El solar de los aburridos”, puede transformarse sin apremios en una barricada popular. Trátase, el panameño, de un pueblo tranquilo de pabilo corto, tan rumbero como beligerante.
El presidente Cortizo, desde la cúspide de su arrogancia y desprecio republicano, sabiendo el desenlace hizo un llamado “a la cordura, a respetar las leyes, la propiedad privada y pública” (y transnacional, agregamos nosotros).
Desde el sábado 21, movilizaciones, piquetes y cortes de rutas se dieron cita en todo el país y la represión no se hizo esperar.
La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizado (ANADEPO), que la FUCLAT integra, nos informa que hay un número importante de personas detenidas y varios heridos, algunos de gravedad.
Las organizaciones en plan de lucha informan oficiosamente la posibilidad de que el gobierno decrete el estado de emergencia.
Preocupante situación, donde los limites de la naturaleza, el ambiente y la salud pública, junto a la soberanía nacional, son violentados por la aplanadora de la corrupción y el capital transnacional —también corrupto— made in Canadá.
