Para alcanzar una resolución se necesitaba que al menos 15 de los 27 países de la UE que además reunieran al 65 por ciento de la población de la zona se decantaran por el sí o por el no a la propuesta de la Comisión de prolongar los permisos para el glifosato por diez años más.

No se llegó a esa mayoría en el Comité Permanente de Vegetales, Animales y Piensos, y la pelota pasó al Comité de Apelaciones, que deberá pronunciarse sobre el tema a mediados de noviembre.

Si tampoco allí se logra la mayoría requerida, la Comisión Europea quedará libre de decidir por sí misma, y ahí las cosas se complican porque, basándose en un informe de julio pasado de la EFSA, la agencia europea de regulación de alimentos, el órgano ejecutivo de la UE es favorable a prolongarle la vida al glifosato.

En la votación de este viernes 13 los partidarios del sí a la moción de la Comisión fueron mayoritarios (17 en 27) pero como solo representaban al 55 por ciento de la población de la región su propuesta no fue aprobada.

Los dos países más habitados (y más poderosos) de la UE (Alemania y Francia) se abstuvieron, pero en el fondo del tema discrepan.

Francia aprueba el informe de la EFSA, pero pretende que la autorización del glifosato se extienda por siete años y no por diez y con algunas restricciones obligatorias para todos los países miembros.

Alemania, en cambio, aspira a prohibir la sustancia, y ya lo ha hecho en su territorio. Las razones de su abstención no han quedado aún claras.

En Francia, en los días previos a esta votación habían arreciado las protestas contra la decisión del gobierno de darle prácticamente un cheque en blanco a las empresas fabricantes del veneno.

Organizaciones de pequeños agricultores, ambientalistas, científicos independientes se preguntaron qué fue lo que hizo que el Ejecutivo francés diera marcha atrás en los últimos meses con la promesa de prohibir el glifosato realizada en 2017 por el entonces flamante presidente Emmanuel Macron.

Y sacaron a relucir un informe muy reciente de un organismo oficial, el Fondo de Indemnización de Víctimas de los Pesticidas (FIVP), que en 2022 reconoció “un posible vínculo de causalidad” entre las malformaciones que presenta desde su nacimiento un joven que hoy tiene 16 años y el uso de glifosato por su madre durante el embarazo.

En marzo del año pasado el FIVP resolvió indemnizar con mil euros por mes al adolescente Théo Grataloup, que ha sufrido desde muy pequeño más de 50 operaciones para reconstruir su sistema respiratorio y digestivo, afectados por el Glyper, un herbicida a base de glifosato que su madre inhaló durante años.

Sabine Grataloup, madre de Théo, difundió esa resolución recién semanas atrás, cuando se enteró que el gobierno francés apoyaría la renovación del permiso al glifosato.

“Todos los años, como parte de mi trabajo como organizadora de cabalgatas, tenía que utilizar un herbicida a base de glifosato en nuestro picadero. Y cada vez tardaba varios días en hacerlo. Cuando quedé embarazada de Théo, lo seguí haciendo, y su laringe, su tráquea y su esófago sufrieron malformaciones”, recordó la mujer por estos días.

Y protestó: “Es insoportable ver ahora a políticos, periodistas y líderes de opinión que defienden la renovación del glifosato afirmando que la ciencia se ha pronunciado, que este producto no es problemático”.