El año pasado se multiplicaron en la región los pedidos de que el glifosato fuera prohibido. Se habían ido acumulando no sólo pruebas científicas de las consecuencias negativas de su uso para los seres vivos y el ambiente sino también resoluciones judiciales en ese mismo sentido, la mayor parte de ellas en Estados Unidos.

“Es hora de que Europa deje de mirar para otro lado y actúe de una vez por todas para prohibir en su suelo el empleo de una molécula química que está en la base del Roundup, el herbicida más usado en todo el mundo, que desde hace décadas está destrozando la salud de nuestros agricultores y todo lo que toca”, dijeron en aquel momento diversas organizaciones ambientales de la región.

La UE debía tomar una resolución sobre el tema a fines del año pasado, pero decidió darle a la famosa sustancia una prórroga de doce meses, hasta diciembre próximo, mientras encargaba “nuevos estudios definitorios”.

La última vez que el Consejo Europeo, integrado por representantes de todos los países miembros, se había pronunciado sobre el fondo del asunto había sido en 2017.

En esa ocasión, el glifosato fue autorizado por un pelito. Se necesitaba que la resolución —fuera cual fuera— tuviera el apoyo de países que, sumados, reunieran al menos el 65 por ciento de la población de la UE: los que votaron por la prórroga reunían el 65,2. Para esta nueva votación el requisito es el mismo.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión, ya dio a conocer su opinión: no le encuentra “nada reprochable” a la molécula, y recomendará en consecuencia que se la siga utilizando con “las previsiones del caso”.

Para llegar a esa conclusión temeraria, la Comisión se apoyó en las evaluaciones de la EFSA, la agencia de seguridad de los alimentos, que en julio pasado le dio luz verde al glifosato.

Pero hay un problemita en las evaluaciones de la EFSA: sus únicas fuentes son los estudios realizados por los propios industriales del sector, parte interesada si la hay en que la sustancia y sus productos derivados sigan obteniendo certificados de buena conducta.

Se sabe ya que el viernes 13 Alemania, la nación con más habitantes de Europa, respaldará la prohibición, y que lo mismo harán Austria, Croacia y Luxemburgo.

Pero no será suficiente: Francia, el país europeo en que el Roundup más se fumiga y el segundo más poblado de la región, se hará eco de la recomendación de la Comisión Europea. En 2017 había votado en favor de la prohibición.

“Confiamos en la ciencia, en los estudios que dicen que el glifosato no plantea ningún problema cancerígeno”, dijo el 13 de septiembre al diario Ouest France el ministro francés de Agricultura, Marc Fesneau.

Salvo un cambio de tendencia de último momento, el glifosato tendría asegurada su supervivencia en la región al menos por una década más, aunque ello le siga costando la vida a miles de personas.

Del otro lado de la balanza habría que apuntar que Alemania lo prohibirá en su territorio de todas maneras, cualquiera sea la resolución final del Consejo.

A diferencia de lo que sostiene Fesneau y la EFSA, argumentaron diversos toxicólogos, biólogos, oncólogos, endocrinólogos independientes, “la ciencia” se está inclinando más por condenar que por absolver al glifosato.

La literatura científica más reciente y generada por especialistas ajenos a los laboratorios que trabajan para las empresas del sector, dijo entre muchos otros la toxicóloga francesa Laurence Huc, establece no sólo que el glifosato es probablemente cancerígeno en humanos, como concluyó una agencia de la ONU en 2015, sino que está en el origen de otras múltiples y graves patologías.

Si se descartan los autores de publicaciones que tienen conflictos de intereses por trabajar para las transnacionales del sector, el 75 por ciento de los estudios sobre glifosato y alteraciones genéticas posibles generadoras de cáncer establecen la genotoxicidad del componente activo del Roundup.

A esa conclusión llegó, le recordó Huc al portal Médiapart (20-IX-23), el investigador estadounidense Charles Benbrook, que hace pocos años “analizó toda la literatura disponible sobre glifosato y genotoxicidad”.

Lo mismo ha determinado en Francia el INSERM (Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica) en estudios sobre patologías vinculadas al uso de pesticidas llevados a cabo en 2021.

En Estados Unidos, las transnacionales Monsanto (fabricante del Roundup) y Bayer, que adquirió a la anterior en 2016, han sido condenadas a indemnizar en miles de millones de dólares a agricultores que contrajeron enfermedades como el Linfoma No Hodkin, una forma de cáncer, por su exposición prolongada al herbicida.

Y no está “solo” el problema del cáncer: “hay convergencia entre los científicos en que el glifosato es un perturbador endócrino, es decir que tiene efectos sobre la fertilidad y la formación del feto”, que “es nefasto para la microbiota intestinal” (lo que puede generar diversas enfermedades metabólicas), y que también afecta “seriamente a los ecosistemas”, trátese del suelo, el aire, el agua, dijo la toxicóloga.

Las formulaciones comerciales como el Roundup son aún peores que el glifosato solo, al incorporar otras sustancias nocivas, agregó.

La EFSA, al igual que la ECHA, la agencia europea que examina los productos químicos), descarta por completo todos estos estudios y se queda solo con los producidos por los industriales, que, a su vez, aunque están obligados a comunicar a los organismos de contralor todos los análisis disponibles sobre un tema, por lo general “olvidan”, ocultan o minimizan aquellos que les son desfavorables.

Desde que, en 2014, el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIRC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, anunció que iba a producir una monografía sobre el glifosato (la misma que, un año después, clasificó a la sustancia como “probablemente cancerígena en humanos”), los industriales lanzaron una campaña masiva de intoxicación, destacó Huc.

Científicos que trabajaban para laboratorios de las propias empresas (Monsanto, Bayer, Syngenta y otras) “prestaron” su nombre a análisis manipulados realizados por los industriales con el objetivo de sembrar dudas sobre la nocividad del glifosato. A veces difundían alguno desfavorable a la sustancia, pero en medio de una montaña de otros que la presentaban como inocua.

De estas investigaciones de muy escasa base científica real se aferran la EFSA, la ECHA y otros organismos supuestamente independientes, cuando existen bases para, como mínimo, activar el principio de precaución, dice otro científico francés, Xavier Coumoul, profesor de bioquímica y toxicología en la Universidad Paris-Cité.

Lo que hay en juego son centenas de miles de millones de dólares.

Cuando, en 1977, Monsanto percibió que el glifosato, una molécula descubierta en 1950 que en sus inicios se utilizaba para destapar cañerías y canalizaciones, podía ser empleado como herbicida y sobre todo a muy bajo costo, se sacó la lotería.

Unos años después, el Roundup comenzaría a inundar los cinco continentes. Hoy se comercializan alrededor de 800 millones de toneladas por año de ese producto. Y así estamos.