Con esa agenda llegó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) el fin de semana pasado a la Plaza de los Pañuelos Blancos en el centro histórico de Tegucigalpa, honrando su ritual de plantarse ahí cada primer viernes de mes para exigir verdad, justicia y reparación.

El texto de un comunicado divulgado en esa plaza recuerda la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido, declarado así el 30 de noviembre de 2002.

Después de 20 años de negación oficial por parte del Estado, este decreto de 2002 representó la tercera aceptación importante para allanar lentamente, a regañadientes, el camino de Honduras hacia la justicia y hacia las actividades oficiales para el “nunca más”.

La primera aceptación fue la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1987 para juzgar los casos de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez, y la segunda tuvo lugar en 1993 con el informe “Los hechos hablan por sí mismos”.

Tanto las sentencias de la CIDH como el informe del brillante Comisionado de Derechos Humanos Leo Valladares hacen referencia directa a los culpables nacionales y extranjeros.

Por extranjeros se entiende a los agentes del Estado argentino, a los agentes de la CIA y a los agentes israelitas que metieron sus manos en Honduras como lo hicieron en otros países latinoamericanos.

Las desapariciones forzadas de mujeres y hombres comprometidos con la patria, opuestos a la doctrina terrorista de seguridad nacional impuesta por el Pentágono en el marco de la Guerra Fría, son un crimen imprescriptible.

En consecuencia, el Cofadeh anunció la presentación al Congreso de una propuesta de Ley para la Reparación Integral a las Víctimas de Desaparición Forzada de 1980 a 1992.

La presentación será el 30 de agosto y se sumará a la iniciativa de la presidenta Xiomara Castro a favor de las víctimas del golpismo 2009-2021.

La versión preliminar del documento comentada durante el plantón del viernes contiene medidas para asegurar el derecho a la Verdad y la Memoria, la investigación y la judicialización de los culpables, incluyendo procedimientos de reparación individuales.

También establece las garantías de no repetición de los hechos, incluyendo medidas de control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad.

Comprende asimismo la creación de un Equipo Hondureño de Antropología Forense y un Equipo de Búsqueda de personas desaparecidas, así como la localización, recuperación, identificación y entrega de los restos encontrados y la institución de un Banco de Perfiles Genéticos de personas desaparecidas.

Para implementar las medidas de reparación integral ordenará la creación de un registro único de víctimas, de un programa de reparación por vía administrativa y establecerá los principios universales de la reparación.

La rehabilitación física y emocional de las víctimas sobrevivientes y sus familias, la atención psicosocial, así como medidas de indemnización compensatoria individuales y colectivas son otras de las disposiciones del proyecto.

El 30 de agosto también vamos a celebrar en esta cabina el 23 aniversario de “Voces contra el Olvido”, que salió al aire en el contexto post Mitch, aquel terrible huracán que retorció la garganta al frágil gobierno de la época obligándolo a concentrar todo por miedo a la explosión de ciudadanía que recurrió el país.

“Voces contra el Olvido” nació en Radio América para evadir el control absoluto del cartel mediático sobre los temas de solidaridad, democracia y derechos humanos y para levantar la bandera de la libertad de expresión, que era constreñida por el aparato de represión oligopólico que se imponía en la época.

Audio Video, sin embargo, sucumbió a las pinzas del golpismo en 2009 y rompió su relación con estas Voces, que encontraron de inmediato acogida en Radio Globo, en las emisoras comunitarias y en las redes sociales de la ciudadanía libre e independiente de Honduras.

(Fragmentos del editorial emitido el 5 agosto. Los subtítulos son de La Rel)