Al momento de escribir este artículo, las reservas de agua dulce para esta zona son de apenas el 3 por ciento de lo normal. Las lluvias, sin embargo, sólo llegarían en setiembre. Pero, ¿es sólo sequía, o también es saqueo?

La pasada semana el gobierno de Luis Lacalle Pou declaró —finalmente— en “emergencia hídrica” a Montevideo y su área metropolitana, donde habitan casi las dos terceras partes de la población del país.

Así como su gestión de la pandemia de Covid-19 recogió elogios y reconocimiento general, en esta crisis las críticas y protestas arrecian.

Dicen los expertos que hay que retroceder a principios de los años 40 del siglo pasado para encontrar en los registros un déficit hídrico similar al actual.

Desde el punto de vista climatológico —afirman— se está produciendo uno de los eventos más severos que se haya asociado al fenómeno de La Niña, en un marco de cambio climático global que provoca situaciones extremas.

Aunque la crisis actual pueda parecer fruto de una rara y natural “tormenta perfecta”, en realidad nada de esto es verdaderamente una sorpresa.

Ya en 2013, el entonces gobierno del izquierdista Frente Amplio, definió once medidas necesarias para atender una potencial crisis del agua en el país¹. La mayor parte de ellas nunca fue implementada.

Más aún, la reforma constitucional aprobada por referéndum en 2004 que, entre otras cosas, declaró el acceso al agua potable como un derecho humano, y su producción y distribución como monopolios del Estado, estableció la obligación de habilitar “comisiones de cuenca” en las cuales deben estar representados el Estado, la academia, los referentes zonales y las organizaciones sociales interesadas en el tema.

Sin embargo, el primer gobierno de izquierda que asumió al año siguiente vació de contenido esas comisiones al reglamentar que sus decisiones no serían vinculantes.

De hecho, esas entidades multipartitas languidecieron poco a poco hasta quedar reducidas a jugar un papel simbólico.

Una de las consecuencias de ello es que las cuencas de los principales ríos uruguayos no están gestionadas adecuada ni democráticamente.

Combinado con el aumento exponencial de las áreas ocupadas con forestación y agricultura industrial ello creó las condiciones para que ocurrieran las diversas crisis del agua que viene sufriendo Uruguay desde hace años, crisis que no han sido reconocidas por los diferentes gobiernos de turno. Antes bien: han sido negadas una y otra vez.

Ya durante el verano de 2019 se produjo la mayor floración conocida de cianobacterias² en el Río de la Plata como consecuencia de la superabundancia de nutrientes provenientes de la agricultura industrial, combinada con una temperatura del agua más alta de lo normal como efecto del cambio climático. Pero ese año también ocurrió lo mismo en otros ríos internos uruguayos, fenómeno que terminó afectando la calidad del agua potable.

La ciudadanía que dispuso de los medios necesarios para ello instaló filtros en sus casas para seguir consumiendo agua del grifo.

Se generó un nuevo mercado, se importó una gran variedad de filtros, algunos muy sofisticados, otros que prometían mucho y cumplían poco. Hoy, ninguno de esos filtros asegura un agua saludable, ya que la salinidad inusual, el uso de clorados y sodio producen una sustancia llamada trihalometanos, sospechosa de ser cancerígena y susceptible de provocar malformaciones en bebés aún dentro del útero materno.

Los políticos se arrojan la responsabilidad como piedras, y todos tienen razón. Porque esta crisis es producto del “negacionismo” de la casi totalidad de la clase política uruguaya cuando de asuntos ambientales se trata.

El característico cortoplacismo de quienes viven del voto ajeno se expresa entonces en su mayor esplendor, y no sólo con el agua. Una gran cantidad de políticas públicas adoptadas y aplicadas por gobiernos de distintos signos —así como crispantes omisiones— han puesto en jaque la calidad de vida de la sociedad.

De las políticas ya se han mencionado algunas, y para las omisiones basta un ejemplo: la mitad del agua potable que produce y distribuye la empresa pública Obras Sanitarias del Estado (OSE) se pierde por roturas en vetustas cañerías que no son adecuadamente reemplazadas o reparadas. El 50 por ciento. Aunque parezca increíble. Y este es un problema que se viene arrastrando desde hace décadas.

Pero en esta desidia y cortoplacismo es difícil no ver también alguna característica del “Uruguay profundo”, aquel que sigue soñando con un país anclado en las primeras décadas del siglo XX, en la época de las “vacas gordas” de posguerra, el Maracaná, las onduladas praderas, el cielo celeste…. y el agua infinita.

Los uruguayos, como dice el poeta, creemos que “somos como brujos del reloj³” , y regodeados en esa marmita, nada, nunca, nos apartará realmente de nuestras certezas cotidianas.

Ilustración: Boligan | CartonClub

El presidente Lacalle Pou ha hecho gala de un eficaz histrionismo ante los medios de comunicación, lo que le ha granjeado una imagen de tipo ameno, “piola”, distendido y no exento de humor.

Su gestión de gobierno, y el manejo de la coalición que lo sostiene, sin embargo, tiene trazas monárquicas.

Así como se aferró a una estrategia audaz ante la pandemia conformando un grupo científico asesor, pero reservándose para sí las decisiones finales y asumiendo personalmente toda la responsabilidad por las eventuales consecuencias negativas, ahora, en este episodio del agua, pretendió hacer lo mismo apostando contra viento y marea a que llovería. Pero no llovió.

Durante semanas, y ante la progresiva desesperación de la población, el gobierno se rehusó a adoptar medidas extraordinarias, aseguró públicamente que el agua no se acabaría, y que la situación no se extendería mucho tiempo.

Errores de comunicación, falta de campañas para generar conciencia en los usuarios sobre la necesidad de ahorrar agua, confusión en la definición acerca de si el agua es potable o apenas bebible, falta de empatía con la ciudadanía obligada a consumir agua embotellada cara, negativa a implementar medidas propuestas por la oposición y un largo etcétera que, finalmente, luego de meses de “negacionismo palaciego”, el enérgico monarca interior que habita al Presidente dio un (pequeñito y tardío) paso atrás.

El Ministerio de Desarrollo Social, que venía implementando un tímido plan de asistencia a las familias pobres entregando agua embotellada, amplió su radio de acción extendiendo el beneficio a más sectores vulnerables.

Los impuestos al agua envasada fueron suspendidos y se declaró la emergencia hídrica en la zona metropolitana, lo que permite el acceso a recursos excepcionales, se ordenó la construcción de un embalse y tubería hacia el río Santa Lucía que abastece la capital, entre otras cosas.

No obstante, Lacalle Pou afirmó mirando directamente a las cámaras en conferencia de prensa que “el agua no se va a acabar”, pero no aclaró que sería intomable, ya que el descenso de las reservas a límites extremos obliga a OSE a incrementar los aditivos.

En río seco, ganancia de tiburones

En 2019, justo antes de perder las elecciones, el gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez dio el último empujón a un proyecto de represa sobre el río Casupá que suplementaría el abastecimiento del área hoy afectada. Todo quedó pronto para su construcción, incluso la financiación.

Pero Lacalle Pou decidió descartar la obra que pasó a la oscuridad de algún cajón ministerial.

Sin que nadie imagine que haya sido una coincidencia, apareció sobre la mesa el “Proyecto Neptuno”, un enorme emprendimiento que costaría 500 millones de dólares y por el cual se tomaría agua del Río de la Plata para desalinizarla⁴, procesarla y entregarla como potable a los consumidores. “Una fuente infinita”, aseguran desde el gobierno.

No obstante, la propuesta ha levantado un creciente coro de críticos y opositores que esgrimen argumentos técnicos (agua salada y contaminada de origen, presencia de cianobacterias, riesgos ambientales para varios ecosistemas costeros, precio excesivo en comparación con otras alternativas).

El resumen de esas críticas fue presentado públicamente en octubre de 2022 mediante un manifiesto firmado por doce notorios académicos e investigadores relacionados con los temas ambientales provenientes del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA), y del Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República⁵.

Pero ninguna de las advertencias y propuestas logró conmover a tiempo al gobierno.

Algunos habíamos considerado que quizás la pandemia de Covid-19 sería una oportunidad para repensar las formas de producción y de relacionamiento humano con el ambiente, con la Madre Tierra, la Pacha Mama, como decimos en la región. Nada de eso ocurrió.

A otra escala, mucho más local, tal vez los mismos —¿ingenuos? ¿soñadores? ¿utópicos?— alentamos la expectativa de que esta crisis genere cambios positivos, políticas de Estado sobre al gua y el ambiente, conciencia ciudadana sobre la mera supervivencia y la milagrosa combinación de los infinitos factores que la hacen posible.

Hasta tanto, corramos a tapar los agujeros del muro con el dedo, porque el sistema hace agua.