La medida había sido anunciada por la transnacional luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa), apoyara la protesta de decenas de trabajadores del departamento de deshije de piñas.

Juntos interpusieron por la vía judicial un conflicto colectivo de carácter económico y social, presentando también su pliego de peticiones.

La respuesta de la empresa no se hizo esperar. Comenzaron las presiones, las amenazas, las artimañas y las promesas para que los trabajadores dejaran de acompañar la estrategia tejida por el sindicato.

Lamentablemente, el chantaje a que son sometidos sistemáticamente los trabajadores por sus necesidades económicas hizo que se retiraran de la acción judicial.

Acto seguido, la empresa procedió con el despido masivo y la recontratación en peores condiciones.

Esa estrategia parece responder a la intención de acabar con las organizaciones que velan por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y no es nada nueva.

En 2019, Standard Fruit Company Costa Rica cerró sin preaviso su centro de trabajo en Limón, dejando en la calle a 230 personas, muchas de ellas con más de 25 años trabajando en la compañía.

En aquella ocasión fueron cerrados el departamento de operaciones, la terminal y el taller, tercerizando las labores y acabando con el combativo Sindicato de Trabajadores de la Standard Fruit Company de Costa Rica (Sintrastafcor).

“Cuatro años después, la misma empresa, ante el avance del sindicato, la defensa del salario y ante un procedimiento judicial, reacciona de una manera violenta y descarnada, despidiendo a todo el personal”, dijo Frank Ulloa, asesor legal del Sinatraa.

“Además, utiliza al comité permanente, que ya está vencido, para chantajear, presionar y amenazar a los trabajadores para que se desafilien del sindicato, so pena no ser más contratados”, añadió.

Para Ulloa se trata de un caso muy evidente de violencia laboral, de práctica antisindical, para obligar a los trabajadores a negociar en condiciones absolutamente inaceptables.

“La empresa ya logró sus objetivos, incluyendo el despido de toda la junta directiva sindical. Por si fuera poco, nos encontramos con un Ministerio del Trabajo inexistente, frágil y cómplice de las empresas, que legitima la violencia laboral”, denunció.

“Esto es aún más grave, porque no hay una institucionalidad capaz de detener las actuaciones al margen de la ley de estas compañías agroindustriales”.

El también asesor de la Rel UITA apuntó contra el sistema judicial costarricense.

“Hay que revisarlo seriamente, así como el sistema de inspección de trabajo y la situación de los derechos humanos en el mundo laboral. Es indignante y muy primitivo lo que vemos todos los días”, concluyó.