“Lo que aparentemente es una medida orientada a prevenir el terrorismo en un contexto de crisis social y política como el actual en donde priman la falta de comprensión del conflicto de parte de las autoridades, la polarización ciudadana, el ‘terruqueo’ a discreción, el racismo, las detenciones arbitrarias, y una represión brutal; la disposición se constituye en una amenaza al derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, destaca.

El lunes 6 el Ministerio del Interior, vía un comunicado oficial, anunció la habilitación de un canal virtual para recibir denuncias ciudadanas sobre “apología al terrorismo” en las redes sociales, amparándose en la normativa que sanciona este delito.

Pero en realidad apunta a consolidar una acción represiva que desde diciembre se ha cobrado la vida de 59 personas. En ese sentido se constituye en una amenaza al derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Está sola acción reafirma que se están institucionalizado prácticas autoritarias en el gobierno y que estamos frente al quiebre del Estado de Derecho.

En pocas semanas el gobierno de Boluarte ha demostrado gran incapacidad para hacer frente a la conflictividad social. Además, ha vulnerado derechos fundamentales de cientos de ciudadanos/as impunemente.

La lógica autoritaria se ha instalado y es legitimada por los actores políticos más cercanos al poder.

Diversas organizaciones de derechos humanos y feministas, como Amnistía Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, han rechazado esa estrategia tendiente a infundir miedo y que recuerda a los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

“Uno de los valores de toda democracia es la libertad de expresión, el cual es un derecho fundamental. Este abarca la libertad que tienen las personas de dar sus opiniones, de investigar y recibir información, así como de difundirlas”, dice la declaración conjunta de las cuatro instituciones.

“La medida de incorporar un canal electrónico de denuncia del delito de apología al terrorismo en redes sociales (…) contribuye a profundizar el miedo en la ciudadanía, la incertidumbre y la estigmatización”.

En varias oportunidades, recuerda el texto, “los ‘indicios’ de apología al terrorismo sostenidos por las autoridades no han sido más que afirmaciones fundadas en interpretaciones erróneas. Este es un escenario peligroso para los derechos humanos”.

Ahora, “se decide darle la posibilidad a cualquier ciudadano/a para que acuse a otro de un delito sumamente grave, dejando que este interprete qué es ‘apología al terrorismo’”.

“¿Hasta dónde vamos a llegar?”, se preguntan las organizaciones firmantes. Y concluyen: “Evidentemente no estamos en un país con autoridades democráticas”.

*Directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
(publicado originalmente en sudaca.pe)