A los trabajadores agroindustriales no solo se les pagan bajos salarios y se les niegan libertades sindicales. También se les extermina de manera silenciosa, y al final es el Estado quien debe asumir la atención en salud pública.

Las autoridades del Estado deben mantener un compromiso ético de publicar información considerada relevante para el resguardo de la salud de las personas, pero las organizaciones sindicales tampoco pueden callar, aunque a veces estos temas ambientales no son su prioridad.

Las consecuencias para la vida humana de la expansión descontrolada de la piña son nefastas.

El Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica ha dado cuenta de la gravedad de esta situación.

Desde 2015 ya se tenía evidencia de que el agua de muchas comunidades estaba contaminada, pero esto no se reportó públicamente hasta el 14 de junio de 2018.

Ahora el tema se complica cuando las transnacionales impiden el acceso a las fincas en nombre del sacro santo derecho de propiedad, al que colocan por encima del derecho a la vida.

Muchas de estas empresas están certificadas. El sistema judicial puede actuar de oficio, pero no lo hace. Y todos callan.

Es un secreto a voces que muchos de los 32 puntos de muestreo están contaminados con herbicidas como Bromacil, Ametrina, Diuron y Hexazinona y fungicidas como Metalaxil y Carbendazim.

Algunos de esos sitios son fuentes de agua para consumo humano de comunidades pertenecientes a Pital, Agua Zarcas y Venecia de San Carlos y el cantón de Río Cuarto.

Desde Rel UITA y FENTRAGH debemos profundizar la lucha contra la utilización continuada de productos prohibidos en el país, el uso indiscriminado de agrotóxicos y el doble discurso de las transnacionales.